La debilidad del Gobierno en tiempos de guerra

El gobierno español aprobó un paquete de medidas de urgencia valorado en 5.000 millones de euros para mitigar el impacto económico de la tensión en el mercado energético derivada de la guerra en Irán. El plan, anunciado el viernes tras una reunión extraordinaria, incluye rebajas de IVA en luz, gas y combustibles, descuentos en carburantes, ayudas a transportistas y agricultores, y apoyo a la industria electrointensiva. El objetivo es proteger la economía y la sociedad ante la incertidumbre del conflicto, tomando como referencia medidas aplicadas durante la guerra en Ucrania. A pesar de las críticas por extender las rebajas fiscales a la electricidad y la bonificación de combustibles, el plan se considera una respuesta rápida y adecuada a la crisis. La reunión del Ejecutivo también reveló tensiones dentro de la coalición de gobierno debido a la inclusión de medidas sobre vivienda.

El gobierno español ha intervenido nuevamente en el mercado del alquiler debido al contexto económico deteriorado por la guerra en Irán. Un real decreto-ley, publicado el 21 de marzo de 2026, limita la subida anual de los alquileres al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta limitación aplica a todos los arrendadores, con condiciones específicas para grandes tenedores y pequeños propietarios. Además, el decreto establece la prórroga automática de los contratos de alquiler que venzan entre 2026 y 2027 por un máximo de dos años adicionales, a petición del inquilino. La aplicación del decreto comienza al día siguiente de su publicación, aunque su convalidación en el Congreso no está asegurada, ya que el grupo Junts se opone a las medidas. El gobierno justifica la medida por la crisis de vivienda que podría agravarse por la guerra de Irán.

El Gobierno español ha publicado un decreto que prorroga los contratos de alquiler hasta por dos años y limita las actualizaciones anuales al 2%. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor el domingo, busca proteger a los inquilinos ante una posible crisis de acceso a la vivienda agravada por la inflación. La prórroga extraordinaria de los contratos se podrá solicitar para aquellos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027. El decreto responde a la preocupación de que el coste del alquiler y los suministros básicos superen el 30% de los ingresos medios de los hogares. La aprobación final del decreto en el parlamento no está asegurada debido a las dudas y el rechazo de varios partidos políticos.

La estrategia del gobierno de Pedro Sánchez para capitalizar un plan frente a la guerra de Irán se vio opacada por una disputa interna con Sumar. Los ministros de Sumar retrasaron su entrada al Consejo de Ministros exigiendo la inclusión de medidas de vivienda en el decreto. Sánchez cedió a incluir una disposición para vigilar a las empresas, pero el decreto principal se aprobó con 5.000 millones de euros en rebajas fiscales, favoreciendo a socios de derecha como Junts y PNV. Este cisma sin precedentes eclipsó el mensaje de Sánchez sobre el impacto económico de la guerra y su llamamiento a la unidad, desviando la atención del paquete de medidas que pretendía presentar como un "blindaje social y económico". La disputa pública entre las dos alas de la coalición diluyó el impacto deseado del plan.