Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros, paso previo a su expulsión del partido

Iván Espinosa de los Monteros, un ex dirigente de Vox, ha anunciado que el partido lo ha abierto a expediente para su expulsión. Esto se produce tras semanas en las que Espinosa se ha situado a la cabeza del movimiento crítico que pide repensar al partido. La iniciativa de Espinosa busca convocar un congreso extraordinario en Vox, pero el partido descarta que este se celebre si no cumple el 20% de los afiliados secunda la propuesta. El procedimiento disciplinario se ha iniciado tras una denuncia del afiliado a Espinosa ante el Comité de Garantías del partido. Aunque Espinosa puede recurrir en caso de expulsión, actualmente se le suspende temporalmente de militancia hasta que se resuelva el procedimiento. La recogida de firmas de apoyo al congreso ya suma 2.300 signaturas.

Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso, anunció que el partido le abrió un expediente para expulsarle el lunes 24 de marzo de 2026. La comunicación del expediente se produjo dos horas y media después de que Juanma Moreno Bonilla convocara elecciones anticipadas en Andalucía. Espinosa de los Monteros, quien dejó sus cargos en 2023, vincula el expediente a la convocatoria electoral, sugiriendo una purga interna. Tanto él como otros miembros críticos, como Javier Ortega Smith (ya expulsado), han denunciado la opacidad en la gestión del partido y abogan por un congreso abierto para debatir la estrategia política. Espinosa de los Monteros suspendió la presentación de su fundación Atenea en Tarragona, un think tank con el que pretende contribuir a un cambio político en España.

Vox ha abierto un expediente para expulsar a Iván Espinosa de los Monteros, su ex secretario general y portavoz parlamentario. Espinosa de los Monteros anunció la noticia en X, señalando la proximidad del anuncio con la convocatoria de elecciones anticipadas en Andalucía. Esta acción se suma a otras expulsiones recientes de figuras destacadas del partido, como Javier Ortega Smith, y la apertura de expedientes a José Ángel Antelo y Juan García-Gallardo. Estas decisiones se producen tras la publicación de un manifiesto firmado por una quincena de exdirigentes de Vox, incluyendo Espinosa de los Monteros, que exige la celebración de un congreso extraordinario y denuncia la existencia de entidades opacas vinculadas a asesores de Abascal. El manifiesto critica la falta de transparencia en las finanzas del partido.

Las negociaciones entre el PP y Vox para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León se complican tras la convocatoria anticipada de elecciones en Andalucía. Vox no comparte la urgencia del PP por cerrar los acuerdos antes de la campaña andaluza, que comienza el 1 de mayo, y prefiere acercar la resolución de las negociaciones a esa fecha. Aunque las negociaciones "avanzan", Vox se toma el mes de abril para llegar a "buenos acuerdos". Extremadura y Aragón tienen como fecha límite el 4 de mayo para evitar repeticiones electorales, mientras que Castilla y León tiene su primera fecha clave el 14 de abril con la constitución de las Cortes. El PP confía en alcanzar acuerdos en los tres territorios a pesar de las diferencias en los tiempos.

El Partido Popular (PP) y Vox han alcanzado un principio de acuerdo programático para formar un gobierno de coalición en Extremadura, tras una reunión en Mérida. Las negociaciones, que llevan más de tres meses desde las elecciones autonómicas adelantadas, se centran ahora en concretar las consejerías que Vox asumirá en el Ejecutivo. El acuerdo programático ya estaba perfilado, pero faltaba definir las partidas presupuestarias y los plazos de ejecución. Vox busca asegurar compromisos del PP en áreas como seguridad, vivienda, impuestos, sanidad y políticas demográficas. Se esperan más contactos en los próximos días para finalizar el acuerdo de gobierno.

El artículo analiza los desafíos de los posibles pactos entre el Partido Popular (PP) y Vox en varias comunidades autónomas de España. Vox ha presentado 11 "compromisos" que exige al PP en las negociaciones, los cuales reflejan su programa ideológico. Sin embargo, varios de estos puntos, como el fin de Mercosur y el Pacto Verde, chocan con el "documento marco" del PP, que establece límites a las políticas que pueden adoptarse a nivel autonómico. El PP busca ceñir los acuerdos a las competencias autonómicas, mientras que algunas propuestas de Vox exceden este ámbito y se relacionan con políticas europeas. Aunque Vox está dispuesto a negociar, la compatibilidad de sus demandas con las líneas rojas del PP presenta un desafío significativo.

El artículo analiza la posibilidad de que el Partido Popular (PP) y Vox obtengan una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales en España, basándose en los resultados de las últimas elecciones autonómicas y las encuestas. El autor plantea la necesidad de debatir qué ocurriría si esta mayoría de derechas se concretara. Sugiere que, en tal escenario, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) debería considerar permitir que el PP gobernara en minoría, evitando así que dependa del apoyo de Vox. El autor diferencia esta propuesta de la abstención del PSOE en 2016, argumentando que la situación actual, con una posible mayoría absoluta de derechas, es distinta a la de entonces. El artículo explora las posibles consecuencias electorales para el PSOE de facilitar un gobierno del PP.

Tras las elecciones del 15 de marzo, el Partido Popular (PP) urge a Vox a retomar las negociaciones para formar gobiernos en Extremadura y Aragón. El PP acusa a Vox de retrasar los acuerdos, mientras que Vox justifica la demora por la complejidad de las negociaciones y acusa a la dirección nacional del PP de instigar rebeliones internas en su partido. El PP niega las acusaciones y pide a Vox que se sienten nuevamente a negociar para alcanzar un acuerdo antes del plazo fijado por Feijóo, el 1 de abril. Aunque el pacto en Extremadura está casi cerrado, Vox aún no da su aprobación final, manteniendo la tensión y retrasando el anuncio oficial.

En España, la polarización política y la fragmentación dificultan la formación de mayorías, obligando a los partidos grandes a depender de formaciones más pequeñas. Estas últimas, buscando visibilidad o supervivencia, a menudo recurren al veto, bloqueando gobiernos. Ejemplos recientes incluyen a Vox impidiendo que el PP gobierne en algunas autonomías, Sumar mostrando desacuerdos con el PSOE en el Consejo de Ministros, y ERC vetando la negociación de presupuestos con el PSC en Cataluña. Vox y ERC buscan crecer desplazando al PP y al PSC respectivamente, mientras que Sumar lucha por diferenciarse. Esta situación es resultado de la incapacidad de los partidos grandes para alcanzar consensos. El PP ha sufrido consecuencias por adelantar elecciones autonómicas, como en Extremadura, donde la falta de acuerdo con Vox ha impedido la formación de gobierno.