El levantamiento de sanciones al Banco Central venezolano da oxígeno a Delcy Rodríguez ante el malestar social

En Venezuela, la Asamblea Nacional designó a Larry Devoe como Fiscal General y a Eglé González Lobato como Defensora del Pueblo. Devoe, quien ya ejercía el cargo interinamente tras la renuncia de Tarek William Saab, continuará supervisando las causas judiciales federales, incluyendo las de opositores. González Lobato, profesora universitaria, asumirá la Defensoría del Pueblo. Ambos nombramientos fueron realizados por la mayoría chavista en la Asamblea, sin el apoyo total de la oposición, que propuso candidatos alternativos. La designación de Devoe, sancionado por Canadá y cercano al gobierno, ha generado críticas por su historial en derechos humanos. La oposición argumentó la necesidad de elegir figuras independientes y sin militancia política para estos cargos.

En Venezuela, líderes sindicales protestan contra el gobierno de Delcy Rodríguez, acusándolo de simular moderación mientras recicla la revolución bolivariana bajo influencia estadounidense. El jueves, la policía reprimió protestas de jubilados en Caracas, mientras la Asamblea Nacional designaba a Larry Devoe como fiscal general, un jurista cercano a Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la AN. Devoe, conocido por defender al gobierno en el ámbito internacional negando violaciones de derechos humanos, reemplaza a Tarek William Saab, criticado por proteger los intereses presidenciales. Para mitigar críticas, se designó a Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, una figura de la oposición cercana al gobierno y contraria al liderazgo de María Corina Machado. Estos eventos son vistos como un revés para la transición democrática en Venezuela.

Larry Devoe ha sido elegido como el nuevo fiscal general de Venezuela por la Asamblea Nacional, dominada por diputados oficialistas. Este nombramiento ocurre tras la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupaba el cargo desde 2017 y ahora es el Defensor del Pueblo. Devoe ya había estado desempeñando el cargo de fiscal general de manera provisional desde febrero. Estos cambios en el gobierno de Delcy Rodríguez se producen después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa por Estados Unidos, y en el contexto de la reciente Ley de Amnistía. Sectores de la oposición y defensores de derechos humanos han expresado su deseo de que se elija a un fiscal general independiente.

Venezuela aprobó una nueva Ley de Minas en febrero de 2026, con el objetivo de modernizar la industria minera y atraer inversión privada para la explotación de oro y otros minerales esenciales. Esta ley, aprobada por la Asamblea Nacional, busca penalizar la extracción ilegal y la degradación ambiental, problemas prevalentes en el Arco Minero del Orinoco. La nueva legislación se produce en un contexto de cooperación económica con Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Además del petróleo, Venezuela posee importantes yacimientos de metales y minerales. La ley busca ofrecer garantías a la inversión privada en el sector minero.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una nueva ley de minas que abre la explotación de recursos minerales a empresas y consorcios nacionales y extranjeros. La ley, que deroga la legislación de 2013, permite concesiones de hasta 30 años, prorrogables por dos períodos de 10 años, para la explotación de oro y "minerales estratégicos". El objetivo declarado es atraer inversión nacional y extranjera, ofreciendo seguridad jurídica y actualizando el marco legal. La ley incluye la posibilidad de mediación y arbitraje internacional para la resolución de conflictos. Esta nueva legislación se produce tras la visita de un secretario de Interior de Estados Unidos y el levantamiento de algunas sanciones sobre el oro venezolano, en un contexto de interés expresado por Estados Unidos en los minerales del país.

Trabajadores venezolanos realizaron una gran marcha este jueves en Caracas y otros estados para exigir mejoras económicas, desafiando el reciente anuncio de un aumento salarial mínimo por parte del gobierno de Delcy Rodríguez. La manifestación, organizada por sindicatos y gremios, buscaba llegar al Palacio de Miraflores, pero fue bloqueada por las fuerzas de seguridad. Se reportaron enfrentamientos aislados entre manifestantes y la policía, así como la detención de al menos cuatro personas. El Sindicato Nacional de la Prensa denunció agresiones contra periodistas durante la cobertura de la protesta. La movilización, una de las más grandes desde enero, evidenció el descontento popular ante la precaria situación económica en Venezuela.

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, anunció un aumento del salario mínimo a partir del 1 de mayo, el primero en esta década. Aunque no especificó el monto, lo describió como un incremento "responsable". Este anuncio se produce en un contexto de creciente malestar por la falta de mejoras económicas y una marcha convocada para exigir reivindicaciones salariales. Rodríguez reconoció la responsabilidad del régimen en la crisis económica, incluyendo la hiperinflación y la emigración, atribuyéndola también al "bloqueo económico" y a políticas salariales equivocadas. Además, anunció la creación de una Comisión Presidencial para el Diálogo Laboral con el objetivo de establecer un nuevo modelo en las relaciones laborales y una Ley para la Eliminación y Mejora de Trámites Administrativos.

En Caracas, Venezuela, el 9 de abril de 2026, una marcha de sindicatos y pensionistas que exigían mejores salarios fue reprimida por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los manifestantes intentaban llegar al Palacio de Miraflores para entregar sus peticiones. La policía empleó gases y perdigones para impedir el avance de la marcha, resultando en agresiones y la detención de dos líderes sindicales y un estudiante. Los sindicatos denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. La protesta se produce en un contexto de salarios mínimos y pensiones que apenas alcanzan un euro al mes, complementados por bonos gubernamentales. Los sindicatos desconfían de las promesas de aumento salarial hechas por el gobierno.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada del gobierno en Venezuela, anunció medidas económicas para reformar el Estado y superar el "madurismo", incluyendo un "incremento responsable" del salario a partir del 1 de mayo. Rodríguez convocó a una "gran peregrinación contra el bloqueo" a nivel nacional, buscando emular el apoyo popular de otros líderes. Estas acciones ocurren en un contexto de protestas por los bajos salarios y pensiones, mientras que temas como las elecciones y la Ley de Amnistía permanecen sin mención. El nuevo modelo económico propuesto se basará en el diálogo entre sectores y una nueva institucionalidad eficiente. Rodríguez firmó la ley de celeridad de trámites y solicitó la puesta en marcha de un nuevo modelo tributario.