Irídia denuncia el bloqueo judicial a las euroórdenes solicitadas para esclarecer el ‘caso Pegasus’

La plataforma de defensa de los derechos humanos Irídia ha denunciado este miércoles los obstáculos que están poniendo los propios juzgados de instrucción de Barcelona encargados de esclarecer las múltiples denuncias de espionaje al independentismo catalán con el uso del software Pegasus. Su acusación se centra en el silencio y la lentitud con el que los jueces responden a los requerimientos remitidos por la justicia de Luxemburgo, adonde se remitieron euroórdenes de investigación para conocer la implicación de NSO Group, propietario y comercializador del programa espía y cuya sede europea se encuentra en el Gran Ducado. De cinco peticiones de información remitidas, una se ha archivado por falta de respuesta española y otra más se encuentra en una fase de ultimátum, por lo que si el titular del juzgado no responde, Luxemburgo también dará por cerrada esa petición. Esa situación provoca que algunas personas imputadas no hayan recibido notificación de su situación. La emisión de las euroórdenes de investigación era una demanda de los letrados que defienden a las víctimas de espionaje en Cataluña vinculadas al proceso independentista, si bien el uso de Pegasus está acreditado sobre todo a partir de 2019. Con ellas, pretendían lograr información sobre NSO Group y sus posibles contratos con el Centro Nacional de Inteligencia, único ente que puede contratar ese tipo de software. Pero las solicitudes de investigación también pretendían conocer la estructura de la empresa y abrir posibles interrogatorios a tres ejecutivos del grupo israelí para conocer, entre otras cuestiones, hasta qué punto el grupo tenía poder a la hora de decidir quiénes debían ser espiados. El caso de la euroorden archivada es el de Andreu van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, después de que se acordara emitir una orden europea de investigación hace un año. Luxemburgo requirió más información para echar adelante el proceso pero, según explica Irídia, la falta de respuesta del juez encargado del caso ha supuesto el archivo de la petición. “En todos los juzgados hemos encontrado esa actuación. Cuando paralizan la justicia, no hay recursos a los que se puedan acoger las víctimas para recorrer. Hablamos de indefensión”, ha criticado Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia este miércoles en una rueda de prensa. La asociación explica que ha detectado tres estrategias diferentes para obstaculizar el trabajo de las euroórdenes: Jueces que aceptan la orden y la tramitan, pero sin cursar nuevos pasos, lo que congela las diligencias; otros que las tramitan con omisión de información o errores, lo que también acaban dilatando el proceso; y la última conocida, ha explicado Olivella, es la de no responder a los requerimientos hasta que llega un ultimátum, tras el cual se acaba archivando la euroorden. En los tres casos, Irídia considera que se produce una falta de vulneración de la defensa efectiva.La activación de la justicia de otros países (se ha intentado también con Israel, pero sin resultados) trataba de conseguir más información en unos procesos que apenas avanzan por la dificultad de obtener información en España. Las actuaciones del CNI están protegidas por la Ley de Secretos Oficiales y aunque el Gobierno se comprometió ante ERC a desclasificar información reservada, esta apenas ha resultado de utilidad en el avance de las pesquisas judiciales. La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, está imputada en cinco casos y ha declarado en cuatro ocasiones, pero apenas ha reconocido el espionaje a algunos de los denunciantes. Esteban fue cesada una vez se supo que uno de los espiados fue el expresident Pere Aragonès. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que investiga el espionaje a los exdiputados de la CUP Carles Riera, Albert Botran y David Fernàndez, remitió la semana pasada una petición al gobierno español para que desclasificara información del CNI para seguir sus pesquisas. Citizen Lab, una institución con sede en Toronto, elaboró un informe en el que constataba al menos 65 las víctimas de ese proceso. El Gobierno solo ha reconocido haber espiado a 18 personas. A través de enlaces enviados por mensajes al teléfono móvil, se podían infectar los dispositivos electrónicos de los espiados con Pegasus, un programa que permite acceder completamente a estos, accediendo a sus micros y cámaras, además de a todas sus aplicaciones y archivos.