La operación Kitchen llega a juicio

Hoy arranca, tras ocho años de procedimiento judicial, el juicio de la Operación Kitchen, relativa a la sustracción de los papeles de Luis Bárcenas controlada por el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz. Se trataba de evitar que la documentación acumulada por el extesorero del PP llegara al juez Ruz, que instruía la causa del Caso Gürtel, y pudiera acabar salpicando a dicho partido y a sus dirigentes, algunos de los cuales ocupaban altas posiciones en el gobierno presidido por Mariano Rajoy.El propósito del juicio que hoy empieza es dilucidar quiénes fueron los principales impulsores y ejecutores de dicha trama. A ello se dedicará durante dos meses la Audiencia Nacional. En el banquillo de los acusados se sentarán, entre otros, el exministro Fernández Díaz, sobre quien pesa una petición fiscal de quince años de cárcel; su número dos Francisco Martínez, y buena parte de la cúpula policial de la época, bastantes de cuyos miembros contribuyeron a urdir los tejemanejes de la policía patriótica . Como testigos serán interrogados, entre otros, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.La gravedad del caso es manifiesta. Y no solo porque comportó la dedicación de hasta setenta funcionarios policiales y de fondos reservados para llevar adelante una operación gubernamental que pretendía proteger a la cúpula de un partido político. También, y quizás más importante, porque desvela, además de la corrupción económica, la corrupción ética que supone utilizar instituciones públicas con fines inconfesables y con métodos delictivos.El exministro del Interior Fernández Díaz se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcelLa justicia es lenta, pero queremos creer que no deja surco sin arar y que es la meticulosidad de su labor la que puede llevar a un pleno esclarecimiento de los hechos. En este caso, un objetivo esencial del juicio es determinar la identidad del cargo político que avaló los procedimientos ilegales y la de cuantos le asistieron decisivamente en la ominosa tarea.Los hechos ahora analizados por la justicia nos remiten a un periodo, el comprendido entre el 2013 y el 2015, en el que se sucedieron hechos muy llamativos. Empezando por el hallazgo de 22 millones de euros en cuentas de Bárcenas en Suiza y siguiendo por su detención y por los intentos del PP para evitar que los papeles del que fuera su tesorero erosionaran la posición de dicho partido. Algo que venía gestándose desde el 2007, cuando la Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar la trama Gürtel, y en particular desde el 2009, cuando fue denunciada ante la Audiencia Nacional como una red de corrupción política vinculada al PP. Lo cual sería determinante en la caída del gobierno Rajoy en el 2018, acosado por los casos de corrupción y, a la postre, víctima de la primera moción de censura exitosa desde la recuperación de la democracia.El caso Kitchen, derivado de la trama Gürtel, es, como apuntábamos, de dimensión singular. En la confluencia de ambas investigaciones tenemos a un partido en el gobierno enredado en una trama corrupta particular que, además de incumplir sus obligaciones con Hacienda, acaba recurriendo a funcionarios policiales, algunos con el lamentable historial del comisario Villarejo y colegas similares, para que sustraigan los papeles de Bárcenas que pudieran incriminarle.Resarcir a quienes vieron defraudada su confianza en la gestión pública exige esclarecer lo sucedidoDicho esto, es oportuno recordar que la corrupción no es patrimonio de un único partido, puesto que sabe cómo anidar en los principales. También el PSOE ha tenido sus casos, algunos protagonizados por figuras tan prominentes en su estructura como dos secretarios de organización sucesivos. Mañana, por cierto, se abrirá en el Tribunal Supremo el juicio contra el exsecretario de organización y exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, acusados de delitos de corrupción en la venta de partidas de mascarillas en la primera fase de la pandemia. Y no será esta la única causa en la que deberá comparecer Ábalos, objeto también de investigaciones por el amaño en la atribución de contratos de obra pública.En estos casos, y en todos los otros en que ha sido defraudada la confianza depositada en los gestores públicos, el mejor resarcimiento posible es, además de su apartamiento de la Administración y de la devolución de los fondos obtenidos ilegalmente, el pleno esclarecimiento de lo sucedido. Y ello comporta la identificación de los responsables y, si hubiera lugar, de sus delitos y de las correspondientes condenas. Eso es exactamente lo que esperamos de los dos juicios que arrancan esta semana.