El Gobierno envía al Congreso la reforma de la Constitución para garantizar el aborto como prestación pública

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma constitucional para incluir el aborto y garantizarlo en España como una prestación pública. La norma —que ahora aterriza en el Congreso para su tramitación parlamentaria— reforma el artículo 43 de la Carta Magna para incluir un nuevo párrafo: "Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio". La modificación ya fue anunciada por la Moncloa en octubre de 2025, recibió el aval del Consejo de Estado en marzo, y ha sido una de las banderas feministas del PSOE en los últimos meses. Se impulsa, según ha subrayado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, para incluir la obligación de que se garantice el aborto "en condiciones apropiadas" en todo el territorio nacional; así como para reconocer la "autodeterminación" de las mujeres en su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. "Hoy es un día importante para la democracia española", ha celebrado, por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha asegurado que con esta propuesta, el Ejecutivo "blinda lo que está en riesgo" en España: el derecho a que las mujeres interrumpan voluntariamente su embarazo en la sanidad pública, teniendo en cuenta que los últimos datos señalan que el 80% de los abortos del país se practican en clínicas privadas, y que en algunas comunidades autónomas, como Madrid, menos del 1% se lleva a cabo en hospitales públicos.Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. Aunque antes, el Gobierno deberá superar una serie de pasos para los cuales necesitará un amplio apoyo parlamentario. La reforma de la Constitución es un procedimiento complejo. Desde 1978, solo se ha tocado tres veces, siendo la última en febrero de 2024, cuando se modificó el artículo 49 para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". Para reformarla por cuarta vez, el Ejecutivo necesita de un mayoría cualificada para salir adelante, lo que significa que solo se aprobará con los votos a favor del PP, que desde el principio ha dicho que no la apoyaría.El PP lo ve como un "acto propagandístico""El Gobierno se está acostumbrando a llevar medidas al Consejo de Ministros que saben que no serán aprobadas en las Cortes Generales", recriminan fuentes de Génova a 20minutos. En el PP ven este anuncio como un "acto propagandístico que carece de mayoría parlamentaria", y lo interpretan como una cortina de humo para hablar del aborto y no del exministro José Luis Ábalos, que se sienta hoy en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.(Más información en breve)