El Gobierno aprueba reformar la Constitución para garantizar el aborto en la sanidad pública

La VanguardiaMadrid 07/04/2026 12:54 Actualizado a 07/04/2026 13:58 El Consejo de Ministros ha aprobado este martes blindar y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública a través de una reforma del artículo 43 de la Constitución, tras recabar el informe favorable del Consejo de Estado que ve “constitucional” reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria el embarazo y obligar a los poderes públicos a garantizar esta prestación en condiciones de igualdad efectiva.Pero todo apunta, a que esto quedará en papel mojado. La previsible negativa del PP a apoyar esta reforma constitucional complica, sin embargo, su aprobación, toda vez que necesita de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado para salir adelante de forma definitiva.La reforma busca contrarrestar un dato clave: la mayoría de los abortos se practiquen hasta la fecha en la sanidad privada. Las estimaciones señalan que apenas el 20% se realizan en centros de titularidad pública. En comunidades como Cantabria, Galicia, La Rioja o Navarra llegan al 60%, en Catalunya al 55%, pero es prácticamente testimonial en Madrid o Andalucía, con apenas un 1%. La mayoría de las intervenciones se derivan a clínicas privadas. Y esto puede ir a más con la llegada de Vox, argumenta desde El Gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, considera que con esta reforma constitucional se avanza en el reconocimiento social y jurídico del derecho a la autodeterminación de las mujeres y a su necesaria protección “frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco”.“No está en riesgo la libertad de las mujeres para abortar, pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”, ha puntualizado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. “Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en su dimensión prestacional porque es la prestación en la cartera básica de servicios de la sanidad pública donde está el riesgo”, incide la titular de Igualdad. Redondo ha recalcado que se trata de una reforma constitucional por el procedimiento ordinario y ha recordado que si no consigue la mayoría cualificada en el Parlamento cabría la posibilidad de la configuración de una comisión paritaria Congreso y Senado que volvería a redactar y a proponer un texto que sería votado nuevamente, siendo suficientes en este caso con los dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado.No obstante, esta reforma requeriría del voto favorable del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. La ministra de Igualdad ha confiado en que todos los partidos políticos, y también el PP, “estén a la altura” de lo que solicita “una inmensa mayoría que avala la interrupción voluntaria del embarazo” y ha recordado que en esta legislatura ya se ha modificado dos veces la Constitución y “damos hoy el primer paso, que es presentar este texto, validado por el Consejo de Estado”.Redactora jefa de La Vanguardia en la delegación de Madrid, especializada en temas sociales. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.