Blindar el aborto

El Gobierno aprobó ayer lo que, si al final saliera adelante, sería la cuarta reforma de la Constitución española desde 1978. En esta ocasión, para blindar el derecho a que la interrupción voluntaria del embarazo se realice en el sistema público de salud. No es para blindar el derecho al aborto, porque eso ya está recogido en la ley del 2010 y ratificado en el 2023 por una sentencia del Tribunal Constitucional. En España, como ha recordado el Gobierno a través de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el aborto está reconocido como un derecho de la mujer. Lo que el Ejecutivo de Sánchez hace ahora es proponer que la Carta Magna reconozca la obligación de los poderes públicos de garantizar “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”, tal y como ha propuesto el Consejo de Estado.¿Por qué hablamos en condicional sobre esta reforma? Porque la realidad es que las posibilidades de que salga adelante son casi nulas. Porque el Partido Popular, de quien finalmente dependerá el visto bueno, no quiere oír hablar de cambios en la Constitución y menos del aborto, pese a que el debate sobre la in­terrupción voluntaria del embarazo esté más que superado en España. También en las filas populares, pues el PP aceptó la ley de plazos del 2010 y solo derogó lo referido a la libertad de aborto de las menores de 16 y 17 años sin necesidad de la autorización de sus progenitores (el Gobierno de Sánchez volvió a per­mitir a las menores abortar sin permiso en el 2023).A partir de ahora, la reforma requerirá la aprobación por mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En caso de desacuerdo, sería necesaria la creación de una comisión mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. De no superarla, el texto podría aprobarse por mayoría de dos tercios de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Nada de esto parece factible en estos momentos.El Gobierno justifica esta reforma en que la mayoría de abortos no se practican en la sanidad públicaA nadie se le escapa que el Ejecutivo ha aprobado esta reforma constitucional con la intención de obligar al PP a enfrentarse a temas que le incomodan, porque dentro de este partido hay muchas sensibilidades. Y en este momento, con un Vox obligándole a ser más conservador, negarse a que la sanidad pública preste un servicio que la Constitución ampara no parece tener mucho sentido. Porque hay comunidades gobernadas por el PP donde se practican la mayoría de las interrupciones del embarazo en la sanidad pública, y del PSOE que no (ahí está la Castilla-La Mancha de Emiliano García Page).El Gobierno justifica esta reforma en un dato clave: la mayoría de los abortos se practican en la sanidad privada. Las cifras oficiales revelan que apenas el 20% se realizan en centros de titularidad pública. En comunidades como Cantabria, Galicia, La Rioja o Navarra estos llegan al 60%, en Catalunya al 55%, pero el porcentaje es prácticamente testimonial en Madrid o Andalucía, con menos del 1%. La mayoría de las intervenciones se derivan a clínicas privadas. Madrid paga a la sanidad privada por hacer esas intervenciones unos cuatro millones al año.No es, por tanto, una cuestión ideológica y de partido; es una cuestión de voluntad, de dinero, o de ambas. Como también lo ha sido la negativa de Madrid de crear un registro de profesionales objetores, para poder organizar los servicios ginecológicos de los hospitales y garantizar, como establece la ley, que se pueda realizar el aborto en la sanidad pública. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que plegarse finalmente porque así se lo ordenó un tribunal. Ninguna otra comunidad, ni del PP ni de otro partido, se había negado a la creación de este registro.La posibilidad de que la iniciativa se apruebe es casi nula, pero obligará al PP a pronunciarseLa posibilidad de que esta reforma de la Constitución salga adelante es muy remota, pero no por ello el Gobierno de Sánchez quiere tirar la toalla. Muy al contrario, va a utilizar esta iniciativa como arma política y electoral contra las derechas. Con la particularidad además de que Francia ya incluyó en su Constitución el derecho al aborto en el 2024, lo que ha servido a la ministra de Igualdad para tratar de presionar, sobre todo, al PP. “Hasta Marine Le Pen votó a favor”, recordó Redondo.El Ejecutivo está convencido de que esta iniciativa para “atajar riesgos reales de involución” en el derecho al aborto cuenta con un gran respaldo social, también entre las mujeres votantes del PP. Veremos.