Consumo confirma la multa a Alquiler Seguro de 3,6 millones por prácticas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado hoy la sanción de 3,6 millones de euros para Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos. Según el proceso, la compañía vulneró los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado. La multa es el resultado de un expediente administrativo que la Dirección General de Consumo abrió a esta inmobiliaria en marzo del año pasado por prácticas abusivas a instancias de Facua, que había denunciado a la inmobiliaria. La sanción estaba recurrida administrativamente. El ministerio ha comunicado hoy esta confirmación después de que el propio ministro, Pablo Bustinduy, haya resuelto el recurso de alzada. La resolución, según el comunicado del ministerio, “deviene firme y agota la vía administrativa”.El ministro Bustinduy afirmó en rueda de prensa que “la sanción es proporcional a los daños causados por la empresa” porque las prácticas han supuesto “un sobrecoste evidente y abusivo para miles de inquilinos”. En este sentido, ha agradecido al Sindicato de Inquilinas, Facua, OCU y el resto de organizaciones de consumidores sus denuncias, que han llevado a esta sanción. “Su labor es un valor absolutamente esencial para proteger los derechos de los consumidores, para mejorar la sociedad y el funcionamiento de la democracia”, afirmó el ministro. El proceso se abrió a instancias de una denuncia de FacuaLa sanción de Consumo, ratificada por el ministro, establece que esta empresa ha cometido una sanción grave y seis infracciones muy graves como son la imposición al arrendatario de la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino, entendido como gastos de gestión inmobiliaria y formalización de contrato; de un contrato de seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora; de cargos por reclamación de posiciones deudoras, aun sin ser causa imputable al propio arrendatario; de cargos por reclamaciones judiciales, aun no existiendo condena en costas; de cláusulas en el contrato que autorizan a la inmobiliaria a incluir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago con independencia de la causa o la exclusión del derecho de desistimiento del arrendatario respecto del contrato de Servicio de Atención al Inquilino.Tal y como explica el ministerio, “la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato”. Así mismo, se indica que estas cláusulas o prácticas podrían constituir infracciones graves y muy graves, como ha ocurrido. Una de las infracciones muy graves conlleva el pago de 1 millón de euros y otra, de 990.900 euros. A esas cantidades se suman otras tres multas de 500.000 euros, una de 100.001 euros y una última, por la infracción grave, de 10.001 euros. En total, todas las multas suman 3,6 millones de euros.La resolución implica, además, dos sanciones accesorias más allá de la económica: Obligar a la inmobiliaria a rectificar los incumplimientos detectados, teniendo que eliminar las cláusulas abusivas identificadas y hacer pública la multa impuesta, la razón social de las personas jurídica responsable (Alquiler Seguro, S.A.U) y la índole y naturaleza de la infracción.Respecto de las quejas de las empresas como Alquiler Seguro de que estas sanciones buscan hacerlas desaparecer, el ministro afirmó que “en este país hay que cumplir la ley, cualquier organizacion debe cumplirla y el ministerio debe asegurar que los derechos de los consumidores se respeten. Quien no incurra en prácticas abusivas, no tiene nada que temer pero quien intente utilizar la formidable crisis e la vivienda que vive España para lograr un beneficio espúreo, será perseguida por el ministerio”.El ministro quiso animar a inquilinos que soliciten la prórroga de los alquileresEl ministro quiso animar de nuevo a inquilinos e inquilinas para que soliciten la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que vencen este año y el que viene, gracias al Real Decreto de medidas por la guerra de Irán, que incluye un tope de subida del 2% de las rentas. “Vamos a hacer todo lo necesario para que la convalidación de este decreto sea realidad en el Congreso y mi convencimiento es total de que si los inquilinos piden la prórroga, saldrá adelante”, declaró el ministro, que aseguró que ya hay una “avalancha” de peticiones de prórroga de un decreto que ahora mismo, está “absolutamente en vigor”. Bustinduy aseguró que no es ingenuo confiar en la movilización social para lograr un derecho, que ninguno de los actuales se ha concedido “graciosamente sino por la lucha” y que el conflicto de intereses es muy grande, con “grupos inmobiliarios y fondos muy fuertes”. “Tenemos la fuerza de la razón, de la sociedad y del interés general”, aseguró. “El PP no quiere ni siquiera hablar de un decreto que va a ser un alivio para 2,6 millones de compatriotas. Estoy convencido de que es un error gravísimo votar en contra y que le va a suponer un coste político altísimo, porque también están sus votantes en esa situación”. Y así, aludió al presidente de la Junta de Andalucía y candidato por el PP para renovar el mandato, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha dicho que “en Andalucía, los alquileres no son un problema porque las viviendas están en manos de familias”. “Unas 14.000 viviendas son propiedad de fondos y 1.000 viviendas, en concreto, son de Blackstone. Como no creo que el presidente no conozca la realidad de su tierra, creo que faltó a la verdad. 360.000 andaluces se ven amenazados de ser expulsados de sus casas, no puede ser que su primera decisión de campaña electoral de Moreno Bonilla sea expulsar de su casa a estos andaluces”, afirmó.Licenciada en Derecho y Periodismo. Master de Periodismo y de Periodismo Jurídico UAM/El País. Ha trabajado como redactora de Empresas en Cinco Días y como directora de comunicación de ANFAC.