Alquiler Seguro recurrirá la multa de 3,6 millones de Consumo: "Es una sanción con un enfoque político que vulnera derechos fundamentales"

ViviendaLa compa��a cuestiona la validez del expediente administrativo, denuncia el uso de pruebas no contrastadas y sostiene que la resoluci�n responde a una interpretaci�n sesgada de su actividad en el mercado del alquilerActualizado Jueves, 9 abril 2026 - 13:52Audio generado con IALa empresa Alquiler Seguro ha decidido llevar a los tribunales la sanci�n de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo, despu�s de que el departamento haya ratificado la multa al desestimar el recurso de alzada presentado por la inmobiliaria. La decisi�n, adoptada este mi�rcoles, confirma el criterio del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, que sostiene que la compa��a vulner� los derechos de sus inquilinos aprovechando su posici�n en el mercado del alquiler. En este contexto, el presidente de la compa��a, Antonio Carroza, ha denunciado en rueda de prensa que "lo de ayer fue un aut�ntico atropello basado en mentiras y vamos a demostrarlo judicialmente, como lo hemos hecho hasta ahora".Seg�n Consumo, la empresa habr�a trasladado a los arrendatarios costes que la ley de vivienda proh�be asumir, como los gastos de gesti�n inmobiliaria y de formalizaci�n del contrato. El expediente concluye que Alquiler Seguro cometi� una infracci�n grave, sancionada con 10.001 euros, y seis infracciones muy graves, con multas que oscilan entre los 100.001 euros y el mill�n de euros cada una, lo que eleva el total hasta los 3,6 millones. A ello se suma la obligaci�n de eliminar las cl�usulas consideradas abusivas y de hacer p�blica la sanci�n. En defensa de su trayectoria, Carroza ha a�adido que "llevamos 18 a�os cumpliendo la ley a rajatabla y as� vamos a seguir".Frente a esta resoluci�n, la compa��a ha reaccionado con dureza y anuncia que acudir� a la v�a contencioso-administrativa. Defiende que la sanci�n no se sostiene y responde a "un enfoque pol�tico" que, a su juicio, parte de una visi�n preconcebida sobre el sector inmobiliario. En su respuesta, rechaza las acusaciones y afirma que son falsas y que vulneran derechos b�sicos como la presunci�n de inocencia y la libertad de empresa.La empresa sostiene que el expediente no se ha construido sobre hechos comprobados, sino sobre interpretaciones parciales y datos no verificados. Asegura que ha colaborado en todo momento con la Administraci�n, aportando informaci�n detallada sobre su actividad, pero denuncia que gran parte de ese material ha sido ignorado mientras se han tenido en cuenta denuncias y opiniones de terceros sin contrastar, incluso de personas que no han sido clientes.El foco del conflicto est� especialmente en el Servicio de Atenci�n al Inquilino, conocido como SAI, que el Ministerio considera un cobro encubierto. Alquiler Seguro lo describe como un servicio real, con m�s de una d�cada de trayectoria, que acompa�a al inquilino durante todo el contrato con herramientas como gesti�n de incidencias, asesoramiento y acceso a una plataforma digital.La empresa aporta datos para reforzar que no es un servicio impuesto. Explica que desde la entrada en vigor de la ley de vivienda hasta marzo de 2025 hubo 267 inquilinos que no lo contrataron, y que en otros 911 casos se aplicaron descuentos o rebajas, en algunos de ellos de hasta el 100%. A su entender, estas cifras demuestran que el servicio es opcional y que cada usuario puede decidir libremente. Tambi�n subraya que el nivel de satisfacci�n de quienes s� lo utilizan alcanza el 98,4%, un dato que utiliza para defender la utilidad del SAI. Otro de los puntos que rechaza la empresa es la supuesta imposici�n de un seguro del hogar. Seg�n sus datos, de los 26.730 inmuebles que gestiona, 22.525 cuentan con este tipo de p�liza, mientras que m�s de 4.000 inquilinos han optado por no contratarla sin que ello haya impedido formalizar el contrato. Para Alquiler Seguro, estas cifras apuntan a que no existe obligaci�n alguna y que su contrataci�n responde a una recomendaci�n.En conjunto, la empresa considera que el planteamiento del departamento que dirige Bustinduy carece de base suficiente y advierte de que puede sentar un precedente relevante para todo el sector. Con m�s de 18 a�os de trayectoria, reivindica su papel en la profesionalizaci�n del mercado del alquiler y conf�a en que los tribunales revisen la sanci�n y determinen si debe mantenerse o quedar sin efecto.