Asier MartiarenaMadrid 09/04/2026 11:11 Actualizado a 09/04/2026 12:14 La presidenta de la
Madrid" class="entity-link entity-location" data-entity-id="48504" data-entity-type="location">Comunidad de
Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que su Gobierno recurrirá el real decreto aprobado este 2026 por el Ejecutivo central con el que se recupera la atención a inmigrantes en situación irregular, reabriendo así el pulso político con el Gobierno de
Pedro Sánchez en torno al alcance de la sanidad universal.“Estoy en contra del turismo sanitario y de la intención del Gobierno de reventarnos los servicios públicos”, ha lanzado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno de la
Madrid" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="63600" data-entity-type="organization">Asamblea de
Madrid, donde ha confirmado la impugnación de la norma como respuesta directa al nuevo marco estatal.El anuncio se ha producido a raíz de una pregunta de
Vox sobre el Real Decreto 180/2026, aprobado el pasado 10 de marzo, que regula el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras sin residencia legal.Ayuso ha reiterado su rechazo al “abuso” del sistema, al “desorden” y a las regularizaciones “sin control”, aunque ha introducido un matiz que su Ejecutivo viene sosteniendo de forma recurrente: “No vamos a dejar morir a nadie en la puerta de un hospital”. “Eso es inhumano. Cosa diferente es la gestión migratoria del Gobierno”, ha añadido, enmarcando su oposición no en la atención sanitaria en sí, sino en las condiciones de acceso y financiación del sistema.Ese equilibrio -entre el rechazo político a la universalidad plena y la defensa de una atención mínima garantizada- define la posición que Ayuso ha consolidado en los últimos años. La dirigente madrileña ha cuestionado especialmente las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo central en 2024 y 2025, al considerar que una apertura “sin restricciones” puede incentivar el “turismo sanitario” y agravar la presión sobre listas de espera y recursos públicos.El anuncio se enmarca en una línea discursiva que Ayuso ha venido sosteniendo en los últimos años, especialmente en su pulso con VoxSin embargo, ese discurso convive con una práctica administrativa más flexible. La
Madrid" class="entity-link entity-location" data-entity-id="48504" data-entity-type="location">Comunidad de
Madrid mantiene mecanismos -como el denominado código de exclusión- que permiten la atención a inmigrantes en situación irregular y ha reconocido haber atendido a decenas de miles de personas en esta situación en los últimos años.Esa dualidad ha sido precisamente uno de los principales flancos de ataque de
Vox, que acusa al Gobierno regional de sostener en la práctica aquello que critica en el plano político. Ayuso ha respondido elevando el tono contra la portavoz del partido en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, a quien ha reprochado sus “mentiras” y “demagogia”.“No son decisiones que adopta este Gobierno”, ha insistido, recordando que la Comunidad no tiene competencias en inmigración ni control de fronteras, y tratando de desplazar la responsabilidad al Ejecutivo central.Por su parte, Pérez Moñino ha asegurado que desde 2019 se ha atendido en
Madrid a “más de 700.000 ilegales” y ha cuestionado el coste económico de estas prestaciones. “Le da lo mismo un español que un ilegal. Que un extranjero que lleva una semana en
Madrid, le da lo mismo que aporte o que no aporte. Qué buena persona es usted, ¿verdad?”, ha ironizado.A renglón seguido ha afirmado que
Madrid “no puede ser el hospital del mundo” ni puede “colapsar como consecuencia de las decisiones de una élite política que ha decidido abrir nuestras fronteras sin ningún tipo de control”.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de
Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro