Más catalanes influyentes en la economía española // Un teniente general y un coronel en Foment

El artículo analiza la candidatura de María Jesús Montero (PSOE) a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones del 17 de mayo de 2026. Según una encuesta de Sigma Dos, el PSOE obtendría un resultado aún peor que en 2022, considerado el peor de su historia en Andalucía. El texto argumenta que la candidatura de Montero carece de credibilidad debido a su estrecha relación con el gobierno de Sánchez y su pasado como consejera durante el caso ERE. Se critica su gestión como ministra de Hacienda, especialmente por no presentar presupuestos del Estado en toda una legislatura. El artículo también menciona la competencia en la derecha entre el PP de Juanma Moreno y el partido Vox.

Una encuesta de Ipsos publicada en La Vanguardia anticipa un cambio de ciclo político en España para las elecciones generales de 2027, con un avance significativo de la derecha y un retroceso de la izquierda. El PP ganaría las elecciones con 130 escaños, mientras que Vox casi duplicaría su representación hasta 64 diputados. El PSOE, por su parte, caería a 117 escaños, uno de sus peores resultados históricos, y los partidos a su izquierda, como Sumar y Podemos, perderían fuerza. En Cataluña, el PSC seguiría siendo la opción más votada, aunque el voto catalán diferiría del español en términos ideológicos y numéricos. La encuesta, realizada entre el 23 de marzo y el 8 de abril, refleja el desgaste del gobierno de Pedro Sánchez, los casos de corrupción en el PSOE y las alianzas con partidos nacionalistas.

El reciente nombramiento de Ángel Simón como presidente de Indra, empresa estratégica española, ha generado un debate sobre el papel de los catalanes en la economía española. La designación de Simón por la SEPI, accionista mayoritaria de Indra, se interpreta como una decisión política vinculada al PSC. Con Simón, ya son diez los presidentes catalanes de empresas del Ibex, incluyendo figuras en Caixabank, Enagas, Repsol, Telefónica, Banco Sabadell y otras. En cuatro de estas empresas (Telefónica, Indra, Enagas, Aena), el Gobierno ha tenido un papel clave en la elección del presidente. Este incremento de catalanes en puestos de liderazgo en empresas clave españolas plantea interrogantes sobre el peso de la economía catalana en el contexto nacional.

El Partido Popular (PP) y Vox retomarán las negociaciones tras la Semana Santa para formar gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón, centrándose en acuerdos programáticos. Según fuentes de Vox, el PP está dispuesto a hacer concesiones significativas para lograr un acuerdo. Las negociaciones se enfocarán en temas sectoriales, con el objetivo de detallar las prioridades de Vox, como seguridad, vivienda, reducción de impuestos y cambios en políticas de inmigración y medio ambiente. Aunque ambas partes expresan optimismo, Vox advierte sobre la necesidad de que los líderes del PP no interfieran negativamente. El PP resta importancia a los plazos iniciales para cerrar los pactos, mientras que los plazos límite para formar gobierno son el 4 de mayo en Extremadura y el 3 de mayo en Aragón.

Tras las elecciones autonómicas de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) conversaron y acordaron seguir negociando para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Feijóo reveló que sus equipos se reunirían inmediatamente en Extremadura para avanzar en un acuerdo programático. Esta revelación ocurre después de críticas de Vox hacia Feijóo. A pesar de esto, Feijóo y Abascal han intensificado su comunicación debido a las elecciones autonómicas. Feijóo no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en más de un año. Feijóo insiste en que los votantes de PP y Vox han enviado un mensaje claro a favor de un gobierno de centroderecha.

La ministra de Inclusión, Elma Saiz, criticó el cambio de postura del Partido Popular (PP) sobre la regularización de inmigrantes, argumentando que ahora están influenciados por la ultraderecha. Saiz defendió la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, recordando que el PP apoyó medidas similares en el pasado. El PP, junto con Vox, aprobó una propuesta para estudiar el proceso de regularización, citando preocupaciones sobre la seguridad española. Saiz enfatizó que este es un procedimiento interno y nacional que garantizará el derecho de residencia y trabajo en España, en diálogo con la Unión Europea. El Gobierno planea abrir ventanillas en Correos y la Seguridad Social para recibir solicitudes de residencia y trabajo, buscando agilizar el proceso antes del 30 de junio.

El Parlamento español ha aprobado una propuesta que vincula el "terrorismo" con la regularización masiva de inmigrantes indocumentados. La iniciativa, promovida por el Partido Popular, fue presentada en Bruselas y ha sido llevada hasta la comisión mixta de Congreso y Senado de Seguridad Nacional. Con 20 votos a favor y 9 en contra, Vox y los populares han aprobado una ponencia para estudiar "el conjunto del proceso" de regularización. El PSOE, ERC y EH Bildu rechazaron la iniciativa, mientras que Junts y Podemos no acudieron a la sesión. La propuesta anuncia la apertura de ventanillas para recibir solicitudes de permisos de residencia y trabajo de más de medio millón de personas en situación irregular en España.

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional en España ha aprobado una propuesta del Partido Popular (PP) para estudiar los posibles efectos en la seguridad nacional de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. El PP y VOX votaron a favor, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu votaron en contra. El PP busca analizar el proceso de regularización y posibles responsabilidades, argumentando riesgos para la seguridad basados en documentos oficiales sobre terrorismo y tráfico de personas. Critican que la política migratoria del gobierno contradice la política migratoria común de la Unión Europea y las advertencias sobre la libre circulación de inmigrantes regularizados en España dentro de la UE. El gobierno español aprobó en enero iniciar el trámite de urgencia para regularizar a más de medio millón de inmigrantes.

The article discusses a survey regarding Spanish President Pedro Sánchez's stance against the war in Iran. Sources from La Moncloa, the Spanish prime minister's office, emphasize Sánchez's clear vision from the beginning of the conflict. The article invites readers to participate by leaving comments and opinions on the topic in the article's comment section and through a survey. Readers can also send letters to the editor with their opinions. The survey aims to gauge whether Sánchez's opposition to the war has strengthened his position. The article was published by La Vanguardia.

El Partido Popular (PP) aún no ha decidido su voto sobre el decreto anticrisis aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez para mitigar el impacto económico de la guerra de Irán. El decreto incluye medidas propuestas por el PP, como la reducción de impuestos a los combustibles. A pesar de esto, el PP no ha confirmado si apoyará el decreto. El PP ha solicitado que se valoren la permanencia de algunas medidas y la inclusión de otras, como la deflactación del IRPF, incluso pidiendo aplazar la votación a abril. El gobierno de Sánchez cree tener los votos necesarios para aprobar el decreto en el Congreso, pero se espera que Sánchez pida al PP que actúe con responsabilidad ante la crisis.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias para aprobar el real decreto ley de medidas económicas ante las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo. Durante el 'Foro Económico' de elDiario.es, Sánchez instó a demostrar "verdadero patriotismo" votando a favor de la medida para aliviar la factura de la luz de millones de hogares. El Congreso de los Diputados debate y vota este jueves el plan integral de respuesta económica a la guerra en Oriente Medio, con un coste de 5.000 millones de euros. Se espera que el decreto salga adelante con el apoyo de Junts y la abstención del PP, aunque ninguno de los dos grupos ha confirmado su voto.

Noelia Castillo, una joven parapléjica en España, recibió la eutanasia en Barcelona tras una batalla judicial de casi dos años instigada por su padre. Su caso ha reabierto el debate sobre la ley de eutanasia en España y los límites de la misma, especialmente en personas con problemas de salud mental. Críticos, incluyendo organizaciones ultracatólicas y partidos políticos conservadores, argumentan que el Estado falló en proteger a Noelia y que la ley carece de protocolos adecuados. Sus defensores, sin embargo, denuncian que la judicialización prolongó innecesariamente su sufrimiento, a pesar de que médicos y juristas avalaron su derecho. La ley de eutanasia, en vigor desde 2021, ha sido solicitada por más de 2.400 personas, de las cuales más de 1.100 la han recibido.