¿En qué oficinas se podrá solicitar presencialmente la regularización?

El Real Decreto 316/2026 establece un proceso de regularización para migrantes en España antes del 1 de enero de 2026, que acrediten cinco meses de permanencia ininterrumpida. Desde el 20 de abril hasta el 30 de junio de 2026, se podrán presentar solicitudes presencialmente en 436 oficinas, incluyendo dependencias de la Seguridad Social, Correos y Extranjería. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado 60 oficinas de la Seguridad Social en capitales de provincia y grandes municipios, mientras que 371 oficinas de Correos en ciudades de más de 50.000 habitantes también participarán. En Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, cinco oficinas de Extranjería adicionales recibirán expedientes. La solicitud de cita previa comienza el 16 de abril a través del teléfono 060 o la plataforma telemática del Ministerio.

Un Real Decreto publicado en España permitirá que entre 500.000 y un millón de inmigrantes en situación irregular soliciten la legalización de su situación a partir del 16 de abril de 2026. La norma introduce dos figuras excepcionales de solicitud hasta el 30 de junio de 2026 y modifica el Reglamento de Extranjería. Se permitirá trabajar y residir provisionalmente desde el inicio del trámite de arraigo, facilitando el inicio de la relación laboral. Se flexibilizan las prórrogas de permisos, eliminando la necesidad de búsqueda de empleo en circunstancias justificadas como enfermedad o jubilación. Los estudiantes extranjeros podrán prorrogar sus permisos y los solicitantes de protección internacional tendrán facilidades para cambiar su situación administrativa.

Una investigación de la BBC revela que la policía griega ha estado reclutando migrantes para expulsar violentamente a otros migrantes en la frontera con Turquía, al menos desde 2020. Documentos internos de la policía describen cómo oficiales de alto rango ordenaron y supervisaron el reclutamiento de estos "mercenarios". La investigación expone denuncias de brutalidad, incluyendo robos, agresiones físicas y sexuales. Un guardia fronterizo testificó sobre información de violaciones a migrantes mujeres por parte de los mercenarios. El primer ministro griego niega tener conocimiento de estas acusaciones, mientras que las autoridades no han respondido a las solicitudes de comentarios. Estas devoluciones forzosas se consideran ilegales según el derecho internacional.

Organizaciones sociales y empresariales en España han reaccionado a la aprobación del Real Decreto para regularizar a migrantes. CEAR y otras entidades celebran la medida como una "victoria popular" y un acto de responsabilidad, aunque lamentan que sea una solución puntual. Estas organizaciones expresan preocupación por la complejidad del proceso y la capacidad de la administración para gestionar las solicitudes en el tiempo limitado establecido, solicitando que se favorezca el registro presencial. Empresarios como Foment y Cecot ven la regularización como una necesidad para la economía española, destacando la importancia de la inmigración para mantener la competitividad y cubrir la escasez de mano de obra debido al envejecimiento de la población.

El gobierno español aprobará un decreto para regularizar a unos 500.000 inmigrantes, estableciendo condiciones más estrictas sobre antecedentes penales, pero ofreciendo ayuda para obtener la certificación necesaria. Los inmigrantes tendrán un mes para solicitar el certificado en sus países de origen; si no lo consiguen, el gobierno lo solicitará a través de vías diplomáticas durante tres meses, con 15 días adicionales para el solicitante. Los requisitos incluyen estar en España antes del 1 de enero de 2026, haber residido al menos cinco meses, no ser una amenaza para el orden público y demostrar vínculos laborales, familiares o vulnerabilidad. El gobierno busca facilitar la obtención de los certificados para asegurar una regularización masiva, contando con el apoyo de diversos sectores, incluyendo la patronal y la Iglesia.

El gobierno español ha aprobado una regularización extraordinaria para inmigrantes indocumentados, la primera en 21 años. Esta medida afectará a una parte de los 10 millones de personas nacidas en el extranjero que residen en España, representando el 20% de la población total. La mayoría de los inmigrantes provienen de América, seguidos por Europa, África y Asia, con Marruecos como el principal país de origen. Para optar a la regularización, los solicitantes deben demostrar residencia en España durante cinco meses, haber entrado antes del 1 de enero de 2026, ser mayores de edad, presentar documentación y carecer de antecedentes penales. Se estima que unas 840.000 personas podrían beneficiarse de esta medida.

Abogados denuncian que inmigrantes detenidos en el centro Alligator Alcatraz en Florida sufrieron agresiones por parte de los guardias. Esto ocurre tras una orden judicial del 27 de marzo que exigía a las autoridades garantizar el acceso de los detenidos a sus abogados, incluyendo llamadas confidenciales y visitas sin cita previa. Los abogados alegan que el 2 de abril, varios detenidos fueron golpeados y rociados con gas pimienta después de protestar por el corte de las líneas telefónicas. Un detenido, Raiko López Morffi, presenta un hematoma en el ojo y alega haber sido pateado y inmovilizado. Además, los abogados denuncian que las autoridades del centro mintieron sobre la voluntad de un detenido de comunicarse con su defensa. El estado ha apelado la orden judicial original.

El Consejo de Estado ha emitido advertencias sobre la gestión de las solicitudes para la regularización extraordinaria de inmigrantes en España. El gobierno anticipa alrededor de 750,000 solicitudes y planea aprobar unas 500,000. Para gestionar este volumen, el gobierno busca involucrar a Tragsa, una empresa pública, en la gestión de las solicitudes, junto con la Seguridad Social y Correos. El Consejo de Estado expresa reservas sobre la idoneidad de Tragsa y solicita que su participación se limite a tareas administrativas y de canalización documental, sin capacidad para resolver solicitudes. El Consejo pide al Gobierno que delimite las funciones de Tragsa para evitar posibles recursos legales.