Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia y a la presidenta del Puerto por la creación de puestos de trabajo a dedo

La Fiscalía Anticorrupción está investigando penalmente al Ayuntamiento de Valencia, presidido por María José Catalá, y a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación se centra en la recolocación de trabajadores del Consorcio Valencia 2007 en puestos directivos de entidades municipales y la APV en 2024. Además de Catalá, la investigación también incluye a dos concejalas del Ayuntamiento, Rocío Gil y Paula Llobet, y a la presidenta de la APV, Mar Chao, así como a cuatro trabajadores públicos. La investigación se inició tras una denuncia de Compromís, que alega una "subrogación encubierta" para favorecer la contratación de personas afines. La APV ha declinado hacer comentarios sobre el caso, pero asegura que facilita la información requerida por los órganos fiscalizadores.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación penal contra el Ayuntamiento de Valencia y el Puerto de Valencia por presunta prevaricación y tráfico de influencias. La investigación surge tras una denuncia del partido Compromís, que alega una posible "concertación" entre representantes de ambas administraciones y empleados del Consorcio Valencia 2007 para la creación y ocupación irregular de plazas. La denuncia señala a la alcaldesa de Valencia, la presidenta de la Autoridad Portuaria, concejales y otros funcionarios. Compromís sostiene que, durante el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, se activaron procedimientos administrativos para favorecer la "subrogación encubierta" de tres trabajadores del Consorcio en puestos directivos de fundaciones municipales y la Autoridad Portuaria. Se investiga si las convocatorias de plazas públicas fueron diseñadas para colocar a estos individuos.

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, concejalas, la presidenta de la Autoridad Portuaria, y otros empleados públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por Compromís, basada en informaciones periodísticas previas, y se centra en la liquidación del Consorcio València 2007. Se investiga si procesos selectivos en el Ayuntamiento, fundaciones municipales y la Autoridad Portuaria se diseñaron para favorecer la incorporación de personal del consorcio. La alcaldesa Catalá ha declarado que la Fiscalía actúa de forma rutinaria tras una denuncia y ha ofrecido colaboración, poniendo a disposición de la Fiscalía toda la información relevante. La investigación se encuentra en una fase preliminar y aún no ha sido judicializada.