La jueza considera que el mantenimiento de la pasarela de Santander en la que murieron seis jóvenes corresponde a Costas

La jueza que instruye la causa por el suceso de El Bocal en Santander, en el que murieron seis jóvenes, considera que la Cantabria" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="59354" data-entity-type="organization">Demarcación de Costas en Cantabria, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es “la única responsable” de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela que se rompió el pasado 3 de marzo y ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de ese organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación y el director de Obras del proyecto de la senda costera en 2012, que es el jefe de ese departamento. En un auto dictado este martes, la magistrada que lleva la causa insiste en que Costas es “la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas” en la senda peatonal en la que está la pasarela que colapsó, ya que la jueza considera que hay “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela” en el verano de 2024, que se limitó a la estructura de madera, pese a que los informes de la Policía Científica concluyen que los elementos metálicos estaban oxidados.La jueza ha tomado la decisión de dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas de Santander a la vista de la documentación aportada por la Administración central y el Ayuntamiento de la ciudad, que le hacen concluir que “las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado”. Según explica el Cantabria" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="49339" data-entity-type="organization">Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en una nota, “las obras iniciadas en 2012 se paralizaron porque Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por ‘desistimiento’, y el segundo proyecto de ‘finalización’, de 2016, ni siquiera llegó a aprobarse”, mientras que “el compromiso municipal asumido por el Santander" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="54045" data-entity-type="organization">Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren”, señala el comunicado. Como las obras no finalizaron, no fueron recepcionadas por el consistorio, lo que supone que Costas era la “única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela que está abierta al público desde 2014 “sin ningún tipo de restricción”, apunta la jueza. Además, hace hincapié en que Costas “era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento” porque en un informe de mayo de 2024, un vigilante advirtió al jefe de Servicio de Obras “del mal estado de ciertas maderas”, algo que supuso la reparación de la infraestructura por parte del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. A falta de recibir el informe pericial sobre distintos extremos técnicos que ayuden a esclarecer lo ocurrido, la jueza ha acordado ampliar el objeto de ese informe para que también aclare si la reparación de 2024 fue suficiente. Tras la lectura del acta de la Policía Científica, que indicaba que “todos los elementos de la estructura se encuentran completamente oxidados” y que el único mantenimiento documentado de la pasarela, que fue 10 años después de su inauguración, solo intervino las piezas de madera, la magistrada considera que hubo “un posible actuar negligente”. En su auto, la magistrada indica que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, el Santander" class="entity-link entity-organization" data-entity-id="54045" data-entity-type="organization">Ayuntamiento de Santander tiene la potestad en materia de seguridad, por lo que “detectado un riesgo, debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo” y considera que “resulta relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible”. En este sentido, ha acordado pedir a la Policía Judicial que recabe “material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma” y ha citado como testigo a una vecina de Santander que se había quejado del estado de la pasarela. Esta vecina, miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, comparecerá en el juzgado el viernes 27 de marzo, después de los ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó un día antes del suceso al 112, la operadora que recibió esta llamada y los agentes que realizaron la inspección ocular antes del accidente. El domingo, medio millar de personas se manifestaron por el centro de Santander para reclamar que se asuman responsabilidades por la muerte de los seis jóvenes que cayeron al mar tras ceder una pasarela en la costa norte de la ciudad. “Es el momento de reconocer los errores”, reclamó Carmen Martínez, portavoz de las asociaciones vecinales, ecologistas y sociales. Los manifestantes pidieron entonces que ningún espacio público debe quedar “desatendido o en tierra de nadie” por parte de las Administraciones públicas y que las muertes de los seis estudiantes “no sean en vano”, ni vuelva a repetirse una “tragedia semejante”.