El Consejo de Estado pide a Yolanda Díaz que abandone su registro horario, que costará al menos 867 millones a las pymes

El Consejo de Estado ha emitido dictamen sobre el real decreto por el que el Ministerio de Trabajo de Yolanda D�az quiere reforzar el sistema de registro horario en Espa�a, para hacerlo digital, accesible por parte de la Inspecci�n y no manipulable, y ha concluido que "no procede" su aprobaci�n y que el Gobierno deber�a reconsiderar su aprobaci�n. "A la vista de las observaciones esenciales formuladas (...) no procede aprobar el Real Decreto proyectado", se�ala el Consejo de Estado en un dictamen de 106 p�ginas, al que ha tenido acceso este medio. "La norma proyectada debe ser reconsiderada en su conjunto", insisten. En primer lugar, este �rgano considera que no se cumplen las circunstancias para que la norma se tramite por la v�a de urgencia. En segundo lugar, afean la utilizaci�n del desarrollo reglamentario, por no ajustarse a la ley. Y, en tercer lugar, sobre el contenido del nuevo registro horario, aseguran que, a diferencia de lo que expone el Ministerio en su memoria econ�mica, tendr� un coste extra para las pymes de unos 867 millones de euros. "El Consejo de Estado estima que la declaraci�n de urgencia en este expediente no est� adecuadamente justificada (...) se trata de imponer un registro digital de modelo �nico para todas las empresas de Espa�a, es decir, 1.349.396, seg�n los datos que ofrece el propio Ministerio de Trabajo y Econom�a Social, requiere una m�s amplia tramitaci�n", se�alan.En cuanto al tipo de norma, recuerdan que "la potestad reglamentaria requiere la existencia previa de una ley que sirva de cabecera a la regulaci�n que se pretende aplicar, ley que opera como cobertura y habilitaci�n, de modo que procede analizar si las habilitaciones en las que pretende basarse el proyecto de Real Decreto enviado en consulta son suficientes para un desarrollo reglamentario que establezca la obligaci�n de poner en marcha un registro digital en las empresas (...) Entiende el Consejo de Estado que la imposici�n, por una disposici�n reglamentaria aut�noma, de un registro digital para el control de la jornada supone una innovaci�n, en sentido t�cnico jur�dico, sobre la regulaci�n hasta ahora vigente en los preceptos de rango legal que la norma sometida a consulta dice desarrollar. No se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley de cobertura, sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando as� el �mbito propio de la potestad reglamentaria".Finalmente, en cuanto al contenido de la norma, el Consejo se centra en el coste que supondr� para las empresas y apunta que "se trata, no se olvide, de que todas las empresas, sea cual sea su tama�o o el sector en el que operen, pongan en marcha un sistema digital de control de jornada, de manera que afirmar que no supone una carga para las 1.349.396 empresas registradas resulta poco realista (...) Pero, en todo caso, el problema de evaluaci�n de las cargas es a�n mayor en las peque�as y medianas empresas, sost�n fundamental del tejido productivo espa�ol. La memoria estima que el impacto econ�mico sobre las peque�as y medianas empresas que tendr�n que adaptarse al registro digital supone un gasto de "4,62 euros al mes, lo que supone 55,4 euros de coste por trabajador al a�o", de lo que se desprende que este coste se asumir� para el 94,07 % de los 16.652.031 trabajadores, que est�n empleados en empresas medianas y peque�as. El impacto inicial supone 55,4 euros por 15.664.571 trabajadores, lo que arroja la cifra de 867.817.244,8 euros, en una aproximaci�n que da por buena la cifra ofrecida por el ministerio relacionada con el coste del programa (aunque los participantes en el tr�mite de audiencia entienden que el coste es muy superior) sin tener en cuenta la implementaci�n, la formaci�n de los trabajadores y el mantenimiento". Por ello, el Consejo entiende que el impacto real para las empresas "no ha sido valorado por la memoria de impacto normativo en el modo en que ha de serlo para la correcta tramitaci�n de la norma".Detectan, adem�s, un "problema t�cnico" acerca de la posibilidad real de que los sistemas digitales puedan procesar toda la informaci�n que recabar� el registro d�a a d�a y ofrecerla de forma instant�nea y con acceso remoto a la Inspecci�n. Protecci�n de datosEl proyecto de real decreto ha sido tambi�n informado por la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos, que ha emitido un informe desfavorable, en cuanto estima que "no se cumplen las exigencias propias de la reserva de ley en la materia".El informe, de 18 de diciembre de 2025, entre otras cosas manifiesta sus dudas acerca de que la protecci�n de los datos est� garantizada en relaci�n con el acceso de terceros a los asientos del registro, ya que no se justifica suficientemente que la representaci�n de los trabajadores pueda acceder a todos esos datos y entiende que "la reserva de ley en la materia no permite un desarrollo como el previsto para una posterior disposici�n, en el sentido en que el proyectado art�culo 9 dispone que las empresas deber�n adoptar un sistema de registro que cumpla con los requisitos t�cnicos que se establezcan en las disposiciones de desarrollo"."En consecuencia, la ausencia en este proyecto normativo del an�lisis de riesgos (art�culo 24 y 25 RGPD) y evaluaci�n de impacto en materia de datos personales (art�culo 35 RGPD), junto con la falta de regulaci�n de los 'desarrollos espec�ficos concretos' referidos en el citado art�culo 6.3 RGPD, tales como, a t�tulo meramente ejemplificativo, las concretas condiciones de licitud de los tratamientos, los tipos de datos que ser�n objeto del tratamiento, los plazos de conservaci�n de los datos, o las operaciones y procedimientos del tratamiento, determinan que el contenido de este proyecto normativo no pueda considerarse suficiente a efectos de considerar colmada la reserva legal existente", apuntan. Reacci�n sindicalCCOO y UGT han manifestado su preocupaci�n y rechazo ante el dictamen emitido por el Consejo de Estado, porque consideran que "introduce serias dudas y obst�culos" en un �mbito donde lo urgente es garantizar el cumplimiento de la ley. En un comunicado conjunto remitido este martes, ambos sindicatos recuerdan que el fraude en materia de tiempo de trabajo es "estructural" y supone un "aut�ntico hurto a las personas", pero tambi�n a la caja de la Seguridad Social y a la Hacienda p�blica.Sin embargo, creen que el Consejo de Estado parece desviar el foco de lo esencial, centr�ndose en "el instrumento" utilizado para ello, en lugar de asegurar el cumplimiento de la ley, algo que ven "incomprensible", porque puede amparar "zonas de impunidad"."El Gobierno no puede ampararse en un informe no vinculante para incumplir los compromisos adquiridos en el marco del di�logo social ni para renunciar a su obligaci�n de garantizar un sistema de registro que sea verdaderamente objetivo, fiable, accesible y no manipulable", piden ambos sindicatos, instando a continuar adelante con la reforma del registro de jornada.