Cuerpo y Díaz chocan de nuevo por el registro horario

Carlos Cuerpo, en su primera semana como vicepresidente, ha reabierto la controversia entre el PSOE y Sumar sobre el registro horario. Cuerpo aboga por un plazo de adaptación de un año para las pymes, en contraste con los 20 días estipulados en el reglamento, criticando además el informe del Consejo de Estado. Aunque Sumar no se ha pronunciado públicamente, fuentes internas señalan que el plazo de seis meses para un registro digital interoperable es el punto clave, según una disposición transitoria de la ley de reducción de jornada laboral. Este reglamento, impulsado por Trabajo, busca agilizar su tramitación mediante un decreto ley, pero ha evidenciado las diferencias entre Cuerpo y Díaz en materia económica. El desacuerdo se centra en los plazos de implementación del registro horario para las empresas.

El PSOE y Sumar, los partidos que forman el gobierno de España, están en desacuerdo sobre la política económica. Las diferencias han surgido en temas como la tributación en el IRPF de la subida del SMI, la permanencia de los impuestos a la banca y energéticas, y la reducción de la jornada laboral. Esta tensión enfrenta a Carlos Cuerpo, del PSOE, y Yolanda Díaz, de Sumar, quienes representan visiones económicas opuestas dentro del mismo gobierno. Se plantea la cuestión de si el presidente Pedro Sánchez favorecerá las políticas de Cuerpo o continuará apoyando las de Díaz. La resolución de estas disputas internas tendrá un impacto significativo en la dirección económica del país.

Ante la incertidumbre generada por la posible derogación en el Congreso del decreto ley que prorroga los contratos de alquiler, Sumar insta a los inquilinos a solicitar la prórroga y defenderla, recordando a las inmobiliarias su obligación de aceptarla. El decreto, que beneficia a más de 2.5 millones de arrendatarios, permite extender los contratos hasta finales de 2027 y limita las actualizaciones de renta al 2% anual. Los sindicatos de inquilinos están recibiendo numerosas consultas sobre la prórroga. Mientras Sumar impulsa activamente la medida, el PSOE adopta un perfil bajo, limitándose a confirmar que el decreto está en vigor, pero sin aconsejar explícitamente a los ciudadanos ante la falta de apoyos parlamentarios para blindar la medida. El decreto fue aprobado tras tensiones entre Sumar y el PSOE.

Los ministerios de Economía y Trabajo en España han chocado nuevamente por el registro horario. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, solicitó un plazo de adaptación de un año para las pymes, en lugar de los 20 días propuestos inicialmente, para la implementación del registro digital. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, respondió que el real decreto ya contempla un plazo de hasta seis meses para la digitalización. Cuerpo argumenta que la implementación debe ser equilibrada y considerar las condiciones reales de las pymes, mientras que el Consejo de Estado también ha emitido un informe desfavorable pidiendo más flexibilidad. El Ministerio de Trabajo niega que el plazo sea de solo 20 días, aclarando que ya se contemplan seis meses.

El gobierno español ha aprobado un decreto que permite la prórroga de contratos de alquiler que vencen entre 2026 y 2027, con el objetivo de mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán. El Ministerio de Consumo estima que aproximadamente un millón de hogares, donde viven más de dos millones y medio de personas, podrían acogerse a esta prórroga extraordinaria. La prórroga mantendría los términos y condiciones del contrato actual, limitando las subidas de precio a la actualización anual de la renta, con un máximo del 2%. Esta medida, parte de un paquete anticrisis, busca aliviar la situación de los inquilinos, aunque su validación final por el Congreso es incierta. Los cálculos se basan en contratos firmados en 2021 y 2022, pero excluyen País Vasco y Navarra, y no consideran rescisiones anticipadas de contratos.

El ascenso de Carlos Cuerpo a la vicepresidencia primera en España ha generado tensiones dentro del gobierno de coalición. Mientras el PSOE lo ve como un refuerzo del relato económico de Pedro Sánchez, Sumar muestra reservas debido a desacuerdos previos entre Cuerpo y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Las diferencias, que no son ideológicas, se centran en decisiones económicas de Cuerpo que han chocado con las prioridades de Sumar, como la reducción de la jornada laboral. La salida de María Jesús Montero, figura clave en la cohesión del gobierno, podría exacerbar estas tensiones en la recta final de la legislatura. Sumar acusa a Cuerpo de obstaculizar avances en políticas clave, generando un clima de desencuentro palpable.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, planea seguir adelante con el endurecimiento del control del registro horario, implementando un sistema digital y accesible en tiempo real para la Inspección de Trabajo. A pesar del dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que desaconseja la medida, Trabajo introducirá leves retoques al texto y lo presentará al Consejo de Ministros. El Ministerio de Trabajo considera que el Consejo de Estado se ha extralimitado y acusa al Ministerio de Economía de oponerse al control de jornada, pese a las declaraciones públicas de Carlos Cuerpo apoyando el objetivo. Trabajo argumenta que el registro horario está recogido en el acuerdo de coalición y confía en que Pedro Sánchez apoye la medida. El Ministerio de Trabajo espera que la norma llegue al Consejo de Ministros sin mayores obstáculos.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, critica al Ministerio de Economía por un informe desfavorable del Consejo de Estado sobre el reglamento del registro horario. Trabajo acusa a Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, de intentar boicotear esta regulación, que forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. Según Trabajo, el informe del Consejo de Estado, aunque no vinculante, se extralimita y Economía se alinea con las patronales al cuestionar el impacto económico y la adecuación del reglamento. Díaz señala que Economía, bajo la influencia de una "doctrina ortodoxa", se opone indirectamente a la reducción de jornada. Trabajo insiste en que la medida seguirá adelante a pesar de las críticas.

El Ministerio de Trabajo en España, liderado por Yolanda Díaz, seguirá adelante con el real decreto para reforzar el registro horario digital de los trabajadores, a pesar de las objeciones del Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos. El ministerio planea modificar el decreto para abordar las preocupaciones legales y garantizar la protección de la intimidad de los trabajadores, dando más peso a la negociación colectiva. Aunque el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado su desacuerdo con ciertos aspectos de la norma, Trabajo confía en el apoyo del Presidente Sánchez y no cederá a las demandas de Economía para no romper el acuerdo de Gobierno. El objetivo es asegurar que el registro horario sea accesible a la Inspección de Trabajo y no manipulable.

El Consejo de Estado ha dictaminado que no procede la aprobación del real decreto del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, que busca reforzar y digitalizar el sistema de registro horario en España. El Consejo argumenta que la tramitación por vía de urgencia no está justificada y que el desarrollo reglamentario no se ajusta a la ley. Además, el Consejo de Estado estima que la implementación del nuevo registro digital implicaría un coste adicional de 867 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas (pymes). El organismo considera que la imposición de un registro digital mediante una disposición reglamentaria autónoma constituye una innovación que excede el ámbito de la potestad reglamentaria, imponiendo nuevas obligaciones a empresarios y trabajadores. Por lo tanto, el Consejo de Estado recomienda al Gobierno reconsiderar la aprobación del real decreto en su totalidad.

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable al nuevo reglamento de registro horario propuesto por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. El reglamento buscaba garantizar el cumplimiento del horario laboral mediante un sistema digital accesible a la Inspección de Trabajo. El Consejo de Estado considera que el reglamento invade terreno legislativo, carece de adecuación sectorial, no valora el impacto en las pymes y presenta deficiencias en la protección de datos. El dictamen critica el tratamiento de datos personales y la falta de garantías en el reglamento, argumentando que no se justifica la afectación al derecho a la intimidad de los trabajadores. El Ministerio de Economía también critica la falta de un período transitorio amplio para las pymes y los costes de implementación de sistemas digitales.

El Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable al real decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, para reforzar el registro horario. El dictamen, no vinculante, critica que el reglamento no evalúa correctamente el impacto económico, invade competencias legislativas, no se adapta a las necesidades sectoriales y no asegura la protección de datos de los trabajadores. Aunque el Consejo de Estado apoya el objetivo de evitar horas extra no pagadas mediante un sistema digital interoperable, considera que el texto propuesto por Trabajo tiene deficiencias significativas. El dictamen también incluye críticas de otras instituciones gubernamentales como el Ministerio de Economía y la Agencia Española de Protección de Datos. El Consejo de Estado concluye que "no procede aprobar el real decreto proyectado".