La Fiscalía archiva la investigación a la jefa provincial de Madrid al descartar que influyera en el caso contra González Amador

La Fiscalía ha archivado la investigación interna que abrió a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en base a la denuncia presentada por Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El empresario alegaba que debió abstenerse antes en la causa en la que se le investigaba por fraude fiscal y por la que finalmente irá a juicio, pero la Fiscalía descarta que Rodríguez incurriera en irregularidad alguna porque nunca ejerció como superior del fiscal del caso influyendo en sus decisiones. Según ha informado el ministerio público, Rodríguez se abstuvo el 30 de octubre de 2024, dos semanas después de que el Tribunal Supremo abriera causa contra ella y contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por filtrar a la prensa que González Amador se había ofrecido a reconocer los delitos a cambio de eludir la cárcel. El empresario argumentaba que la fiscal debía haberse apartado de las pesquisas el 14 de mayo de ese año, cuando presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la filtración.La Inspección Fiscal abrió expediente a Rodríguez el pasado 12 de febrero para investigar este asunto. Ahora lo archiva porque, aunque el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal impone el deber de abstención, en realidad Rodríguez “no era la encargada de intervenir en lo relativo a esa querella”. De la misma se ocupó la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial, asignándose a un “fiscal especialista”, concretamente Julián Salto. El ministerio público explica que Salto tenía la responsabilidad “exclusiva” de llevar al caso y que así lo hizo porque “la dependencia jerárquica” de él respecto a Rodríguez “no se ejerció en ningún momento en circunstancias que afectaran siquiera indirectamente a la plena libertad de actuación de éste”.Además, la Inspección Fiscal valora que Rodríguez acabó absteniéndose de todas formas, en “un prudente ejercicio de la abstención para preservar la apariencia de imparcialidad de la institución”. Último fleco tras la condena a García OrtizDe esta forma, la Fiscalía ata el último fleco interno que quedaba tras la condena que el Tribunal Supremo impuso a García Ortiz a dos años de inhabilitación y el pago de 17.200 euros ―entre multa e indemnización― por revelar la oferta de pacto de González Amador.A raíz del fallo, la nueva fiscal general, Teresa Peramato, tuvo que estudiar si García Ortiz podía regresar a la carrera fiscal, ya que en su condición de máximo responsable del ministerio público se encontraba en situación de “servicios especiales”. Peramato acordó reincorporarle como fiscal, concretamente en la Fiscalía de lo Social del Supremo —donde él había pedido—, aplicando una doctrina que se fijó hace años para evitar que, en el ámbito disciplinario, los fiscales fueran considerados “de peor condición” que los jueces, para quienes solo se contempla la expulsión de la carrera con pena de cárcel.González Amador intentó recurrir esta primera decisión de Peramato y a su impugnación acompañó sendas denuncias, dirigidas contra García Ortiz y Rodríguez, para que les sancionara. En lo tocante a su antecesor, la fiscal general descartó actuar contra él por la vía disciplinaria argumentando que, como cabeza del ministerio fiscal, formalmente se situaba fuera de la carrera fiscal y, por tanto, no se le podía aplicar su régimen disciplinario. Respecto a Rodríguez, en ese momento acordó abrir el expediente que ahora se ha archivado.