El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al
Tribunal Constitucional que anule la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación para dicho cargo y a 7.200 euros de multa por revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Solo unos días después de que lo hiciera la Fiscalía, ha presentado recurso de amparo y denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales y la "desproporción" de la pena . En su escrito, al que ha tenido acceso
El Confidencial, su defensa califica la condena como "irracional" y "arbitraria" . Asegura que no existe prueba auténtica ni razonamiento lógico suficiente para atribuirle ni la filtración y un consentimiento concedido a terceros para que lo hicieran en su nombre. "La sentencia de la mayoría ha pasado de una sospecha sobre personas del entorno a una atribución de autoría o aceptación consciente al acusado sin prueba directa y mediante una inferencia que es claramente indeterminada ", critica. García Ortiz aborda la filtración hace referencia a la declaración durante el juicio de distintos periodistas que aseguraron que conocían el contenido del correo en el que el empresario aceptaba reconocer la comisión de delitos e indicaron que el fiscal general no era su fuente. " La sentencia, no tiene en cuenta estas testificales , dado que introduce una nueva visión sobre el secreto profesional a no revelar las fuentes periodísticas de forma tan absoluta que permite a los periodistas no ser veraces cuando voluntariamente optan por declarar en juicio", indica. Se refiere al voto particular que considera que el ejercicio del secreto profesional no permite restar a las testificales valor por sí mismo. " Señala que los periodistas no estaban dispensados de decir verdad sobre lo que declararon voluntariamente; que no comprometía la identidad de sus fuentes, así como que sus versiones aparecían corroboradas por chats, mensajes, registros de llamadas y otros elementos documentales incorporados a la causa", destaca. La Fiscalía recurre ante el Constitucional la condena contra García Ortiz y defiende que se vulneraron sus derechos Cristina García Vázquez El Ministerio Público acusa al
Supremo de vulnerar los derechos del exfiscal general al ignorar "el valor exculpatorio" de los testimonios de los periodistas La defensa de García Ortiz que ejerce la Abogacía del Estado también se refiere a la nota de prensa que ordenó emitir y contradice la valoración de la Sala de que existió una extralimitación al incluir datos reservados. "La sentencia no valoró que había existido una autodivulgación por parte de González Amador que transmitió a Miguel Angel Rodríguez (alto cargo de la CAM), correos intercambiados entre su letrado y el fiscal, y este -a su vez- a periodistas, además de difundir en redes sociales ", destaca. Tampoco valora que el contenido de la nota de la Fiscalía ya era de conocimiento público, y que la parte incriminatoria fue eliminada expresamente, agrega. El exfiscal general considera también vulnerada su presunción de inocencia en lo que afecta al borrado de sus mensajes. Critica que la mayoría del tribunal interprete que, si no existe una obligación legal de borrar los datos contenidos en el teléfono móvil, " el borrado sólo puede explicarse como un acto de destrucción de pruebas ". "El acusado queda así colocado en la posición de tener que justificar de forma satisfactoria, a juicio del Tribunal, los motivos del borrado, so pena de que se infiera que dicho borrado tenía por finalidad destruir pruebas incriminatorias ", destaca.