La Fiscalía reprocha al Supremo dar a los periodistas “licencia para mentir” en los juicios

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que anule la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados por el que el Tribunal Supremo fijó una pena de dos años de inhabilitación. Para la teniente fiscal, con esta sentencia el Alto Tribunal ha creado una “licencia para mentir” a los periodistas en los juicios.La fiscal pone en duda la interpretación que hace el Supremo sobre la validez de la declaración de varios periodistas a los que no se tuvo en cuenta cuando dijeron que García Ortiz no fue quien les filtró datos sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Varios profesionales de los medios de comunicación declararon como testigos y se negaron a revelar su fuente, pero afirmaron categóricamente que el entonces fiscal general del Estado no fue la persona que les filtró unos correos entre el abogado de González Amador y un fiscal de Madrid, en el que el primero ofrecía un acuerdo de conformidad para evitar ir a juicio por dos delitos fiscales.En su sentencia, el Supremo no tuvo en cuenta estas declaraciones exculpatorias y condenó a García Ortiz. Por tanto, y debido a que como testigos tenían obligación de decir la verdad, ahora la Fiscalía interpreta que ha dado una especie de bula a los periodistas para mentir en sede judicial.“La sentencia impugnada concibe el secreto profesional que asiste a los profesionales de la información como una especie de habilitación constitucional para sustraerse a la obligación de decir la verdad en un juicio criminal”, recoge el ministerio público en su recurso de amparo ante el TC.A su juicio, esta interpretación del secreto periodístico “conduce al Tribunal Supremo a hacer una valoración parcial y sesgada de los contundentes testimonios de descargo prestados en el juicio oral por profesionales de la información”. De hecho, apela a este argumento para que el recurso sea admitido a trámite por la “novedad” constitucional que supone esta interpretación.“Todo o nada”Considera que esto afecta directamente al derecho a la libertad de información. Con la interpretación que efectúa, el Tribunal Supremo coloca la declaración testifical del periodista en una disyuntiva de “todo o nada”. Es decir, si el periodista no revela su fuente, lo que declare no tiene valor.“Tal interpretación supone, indirectamente, una grave coacción moral sobre los profe- sionales de la información, a los que se pone en la tesitura de revelar la identidad de su fuente para que su testimonio exculpatorio de la persona acusada tenga algún valor probatorio”, añade.Lee tambiénAdemás de este argumento, la Fiscalía considera que el Supremo ha vulnerado varios derechos fundamentales de García Ortiz, quien tuvo que dejar el cargo de fiscal general del Estado e incorporarse a una plaza de fiscal en el Alto Tribunal.Entre los derechos vulnerados, según la Fiscalía, está el del proceso con todas las garantías porque una de las pruebas en las que se basó el Supremo fue la información –borrada– del teléfono de García Ortiz, obtenida tras la orden del juez Ángel Hurtado de registrar su despacho.Según la Fiscalía, el registro fue una “injerencia” que no estaba justificada por razón de la penalidad del delito investigado, “ni tenía en cuenta la información de extrema sensibilidad en poder del acusado, así como el carácter de domicilio profesional de su despacho ­oficialUn recurso a largo plazoEl recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la condena a Álvaro García Ortiz no tendrá implicaciones efectivas en su pena de inhabilitación. El Supremo fijó esta en dos años, en los que estará impedido para ejercer como fiscal general del Estado. La media de resolución de recursos de amparo desde su presentación va de en torno a un año y medio y dos años. En el caso del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, el Constitucional tardó año y medio en resolver el recurso, mientras que en el caso de los ERE de Andalucía se alargó a dos.La clave de este recurso es que en caso de estimarse y anular la sentencia, García podría reclamar el dinero de la responsabilidad civil, multa y costas que ha tenido que afrontar, que suman un total de 56.000 euros.Testigo de juicios históricos: procés, 11-M, 17-A, Gürtel, Nòos o de los más sanguinarios etarras. Voy tras los casos de corrupción, de la política a lo empresarial y lo policial, para destapar todo tipo de abusos