El ex fiscal general recurre en amparo al Constitucional por presunta vulneración de la presunción de inocencia

Actualizado Lunes, 13 abril 2026 - 12:55El ex fiscal general del Estado �lvaro Garc�a Ortiz ha recurrido este lunes en amparo ante el Tribunal Constitucional por presunta vulneraci�n de derechos fundamentales. El fiscal fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelaci�n de secretos cometido con la filtraci�n de datos reservados de la pareja de Isabel D�az Ayuso, el empresario Alberto Gonz�lez Amador.En la demanda de amparo, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Garc�a Ortiz considera que se ha vulnerado su derecho a la libertad de expresi�n, a la tutela judicial efectiva y a la presunci�n de inocencia y el derecho de no declarar contra uno mismo, entre otros.El amparo, firmado por el abogado del Estado jefe, sostiene que "la sentencia de la mayor�a ha pasado de una sospecha sobre personas del entorno a una atribuci�n de autor�a o aceptaci�n consciente al acusado sin prueba directa y mediante una inferencia que es claramente indeterminada" en referencia a la condena.El recurso sostiene que el Alto Tribunal no ha tenido en cuenta "las pruebas de descargo por la interpretaci�n que hace del secreto profesional, a no valorar el �mbito de la libertad de expresi�n del cargo p�blico en funci�n de las circunstancias del caso, a la indeterminaci�n de la acusaci�n, a la extralimitaci�n en la pr�ctica de la entrada y registro, a considerar el borrado como una prueba aut�noma de autoinculpaci�n, a extender el tipo m�s all� de los previsto por el legislador todo ello determina que la sentencia produce una completa lesi�n del art�culo 24 de la Constituci�n que hace su racionamiento condenatorio irracional y arbitrario".El ex fiscal general fue condenado tanto por la filtraci�n de un correo electr�nico a la Cadena Ser donde el abogado de la pareja de Ayuso admit�a la comisi�n de dos delitos fiscales como por la emisi�n de una nota de prensa con los pormenores del pacto de conformidad que Gonz�lez Amador estaba negociando con la Fiscal�a de Delitos Econ�micos de Madrid.Sobre la nota, el amparo indica que "aisladamente considerada, no contiene informaci�n indebidamente revelada, porque toda la informaci�n que contiene la misma hab�a resultado revelada antes de su publicaci�n, por lo que las informaciones ya no eran secretas: ni el expediente tributario, ni la denuncia, ni el reconocimiento de hechos, ni el correo del 02/02/2024; todo ello hab�a sido previamente difundido".El pasado 20 de noviembre, la Sala de Penal adelant� el fallo condenatorio de Garc�a Ortiz. Los magistrados lo consideraron autor de una revelaci�n de datos reservados del art�culo 417.1 del C�digo Penal. El tribunal le impuso una pena una multa de 7.200 euros y la inhabilitaci�n especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de dos a�os. Adem�s, la Sala, como responsabilidad civil, le oblig� a pagar una indemnizaci�n al empresario Alberto Gonz�lez Amador de 10.000 euros por da�os morales.Anulaci�n de la condenaEn contraposici�n, en el amparo, la Abogac�a del Estado sostiene que "la sentencia no describe un da�o relevante al servicio p�blico ni una lesi�n penalmente suficiente. La nota no implic� un juicio anticipado de culpabilidad por parte de la Fiscal�a, sino una exposici�n factual, y que expresiones como delincuente confeso o defraudador confeso no fueron usadas por el FGE en la nota, sino por terceros en el debate p�blico. Exist�a una finalidad institucional leg�tima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuaci�n de la Fiscal�a y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran inter�s p�blico, desmintiendo las graves acusaciones que p�blicamente se hab�an vertido contra ella".El recurso tambi�n ataca la supuesta falta de proporcionalidad en la que incurri� el juez del Supremo cuando orden� la entrada y registro en el despacho oficial del fiscal general: "El sacrificio de derechos e intereses provocado por la medida (privacidad del titular del cargo, confidencialidad de datos de terceros, potencial afectaci�n a intereses estatales esenciales), era desproporcionadamente superior al beneficio esperado (esclarecer una posible filtraci�n ya casi desmentida por los hechos). Esto infringe manifiestamente el principio de proporcionalidad".En consecuencia, los servicios jur�dicos del Estado solicitan al Constitucional que anule la sentencia condenatoria del Alto Tribunal.