Tres años de cárcel por robar un móvil: el Congreso aprueba la reforma para frenar la multirreincidencia

El Gobierno español vetó en la Mesa del Congreso dos enmiendas del PP a una proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia. La enmienda principal buscaba endurecer los requisitos para la regularización de migrantes, exigiendo un certificado oficial de antecedentes penales de todos los solicitantes, eliminando la validez de declaraciones responsables. El Gobierno justificó el veto argumentando que la medida implicaría un incremento presupuestario de 17 millones de euros, debido a la necesidad de crear 400 plazas de funcionarios en las brigadas provinciales de extranjería. Otra enmienda vetada proponía ampliar las plazas de fiscales, lo que supondría un coste adicional de 54 millones de euros. La ley, que ya había sido aprobada por el Congreso y modificada en el Senado, regresa ahora al Congreso para su votación final.

El Gobierno español ha vetado una enmienda del PP a la ley contra la multirreincidencia, que buscaba endurecer los requisitos de residencia para inmigrantes. La enmienda exigía un informe policial completo sobre antecedentes penales en lugar de una declaración jurada. El Gobierno justifica el veto por motivos presupuestarios, alegando que la medida implicaría la creación de 400 plazas de funcionarios y un coste de 17 millones de euros. La enmienda había sido aprobada en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Adicionalmente, el Gobierno también vetó otra enmienda del PP para aumentar la plantilla de fiscales, también por motivos presupuestarios. La ley contra la multirreincidencia, impulsada por Junts, endurece las penas para hurtos reiterados y el robo de dispositivos electrónicos.

El Gobierno español ha vetado una enmienda del PP, Vox y Junts a la ley contra la multirreincidencia que buscaba limitar la regularización de inmigrantes. La enmienda proponía reforzar el control de antecedentes penales de los solicitantes, exigiendo certificación oficial en lugar de declaración jurada. El Gobierno justifica el veto alegando que la medida implicaría un sobrecoste de 16,8 millones de euros, debido a la necesidad de contratar 400 funcionarios adicionales en Extranjería. La ley de multirreincidencia, impulsada por Junts, se someterá a votación en el Congreso, pero sin la enmienda vetada. El Gobierno también vetó otra enmienda del PP que exigía ampliar las plazas de fiscales, alegando un sobrecoste de 53,79 millones de euros.

Sumar está impulsando una campaña de movilizaciones y protestas en España para presionar a Junts, PP y Vox a convalidar el decreto de vivienda que prorroga los contratos de alquiler y limita las subidas del IPC. Tras un desacuerdo con el PSOE en el Consejo de Ministros, Sumar busca asegurar la continuidad del decreto, que enfrenta oposición parlamentaria. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ha instado a Sumar a movilizar a sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos para defender el decreto en las calles. En una reunión con líderes de partidos y ministros de Sumar se ha acordado esta estrategia para ejercer presión sobre los partidos de derecha antes de la votación en el Congreso dentro de un mes. El objetivo es lograr que el decreto siga vigente.

El Congreso de los Diputados está bloqueando la tramitación de cerca de 50 proposiciones de ley aprobadas por el Senado, principalmente del Partido Popular (PP). Estas iniciativas acumulan múltiples prórrogas en los plazos de enmiendas, algunas superando las 80. El PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, están congelando indefinidamente estos proyectos, lo que el PP denuncia como un "bloqueo sistemático". Entre las propuestas bloqueadas se encuentran medidas sobre el IVA, la ocupación ilegal de viviendas, la jubilación anticipada de ciertos funcionarios, y el endurecimiento de penas por narcotráfico. También se ven afectadas iniciativas de otros partidos, como Junts y ERC, incluyendo una propuesta para reducir la presión fiscal a pymes y autónomos, parte de las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez.

El grupo parlamentario de Junts votará a favor de una enmienda del Partido Popular que endurece la regularización masiva de migrantes en España. Esta regularización fue acordada previamente entre el Gobierno central y Podemos. La enmienda del PP, que modifica la ley de Extranjería, exige a los solicitantes de regularización demostrar la ausencia de antecedentes penales tanto en España como en los países donde hayan residido. Junts y Vox ya votaron a favor de esta enmienda en el Senado, y se espera que la apoyen también en el Congreso. La ley contra la multirreincidencia, impulsada por Junts, está siendo utilizada por el PP para limitar el alcance de la regularización. La votación tendrá lugar en el pleno del Congreso.