El PP se hace con la Presidencia de las Cortes de Castilla y León siete años después con el apoyo de Vox

El Partido Popular (PP) ha recuperado la Presidencia de las Cortes de Castilla y León tras siete años, gracias al apoyo de Vox. Francisco Vázquez, secretario general del PP en la comunidad, fue elegido presidente de la cámara en la sesión inaugural de la legislatura el 14 de abril de 2026. Este acuerdo entre PP y Vox permitió que Carlos Menéndez de Vox ocupara la Vicepresidencia primera. La Vicepresidencia segunda recayó en Nuria Rubio del PSOE. Este pacto representa el primer acuerdo entre PP y Vox en este nuevo ciclo electoral, mientras se negocian posibles acuerdos de gobernabilidad en otras comunidades como Extremadura y Aragón. El PP no había tenido la presidencia de las Cortes en las dos legislaturas anteriores.

Sumar, buscando fortalecer un frente amplio ante posibles pérdidas de escaños, celebrará un acto en Sevilla el 19 de abril bajo el lema "Un paso al frente por Andalucía". Pablo Bustinduy será uno de los protagonistas, junto a los ministros Mónica García y Ernest Urtasun, Antonio Maíllo y Esperanza Gómez. El evento, que se realizará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, busca impulsar la candidatura que engloba a partidos de izquierda alternativa en la comunidad, excluyendo a Adelante Andalucía. Este acto sigue a una cumbre de líderes progresistas en Barcelona y discusiones sobre unidad entre figuras de ERC y Podemos, en un contexto donde se debate el liderazgo de una posible candidatura unificada de izquierda.

Una encuesta de Ipsos para La Vanguardia, realizada entre el 23 de marzo y el 8 de abril, revela un cambio en el panorama político español. El Partido Popular (PP) y Vox afianzarían su mayoría absoluta si se celebrasen elecciones ahora, sumando 194 escaños. Vox experimentaría un crecimiento significativo, duplicando sus escaños de 2023. En contraste, el centroizquierda, incluyendo el PSOE y la izquierda transformadora, retrocedería notablemente. El PSOE obtendría un resultado similar al de 2011, mientras que la izquierda alternativa, representada por Sumar y Podemos, sufriría una importante pérdida de escaños, limitando sus opciones de influir en la formación de gobierno. La encuesta indica una desmovilización del electorado a la izquierda del PSOE.

El artículo critica la postura de algunos políticos, como Gabriel Rufián e Irene Montero, que minimizan la importancia de construir más viviendas para solucionar los problemas de acceso a la vivienda. Argumenta que la escasez de oferta es un factor clave que alimenta la especulación y dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con bajos ingresos. El autor defiende que regular el mercado inmobiliario es necesario, pero insuficiente si no se aumenta la oferta de vivienda pública, social y asequible. Subraya que la regulación y la construcción de viviendas no son estrategias opuestas, sino complementarias para garantizar el acceso a la vivienda y reducir el poder de los especuladores. El artículo enfatiza la necesidad de actuar en varios frentes, incluyendo políticas fiscales, planificación urbana y gestión eficaz del suelo.

El reciente nombramiento de Ángel Simón como presidente de Indra, empresa estratégica española, ha generado un debate sobre el papel de los catalanes en la economía española. La designación de Simón por la SEPI, accionista mayoritaria de Indra, se interpreta como una decisión política vinculada al PSC. Con Simón, ya son diez los presidentes catalanes de empresas del Ibex, incluyendo figuras en Caixabank, Enagas, Repsol, Telefónica, Banco Sabadell y otras. En cuatro de estas empresas (Telefónica, Indra, Enagas, Aena), el Gobierno ha tenido un papel clave en la elección del presidente. Este incremento de catalanes en puestos de liderazgo en empresas clave españolas plantea interrogantes sobre el peso de la economía catalana en el contexto nacional.

España ha sufrido una serie de catástrofes naturales desde el verano pasado, incluyendo incendios y tormentas, que han causado daños extensos en campos, pueblos y playas. El gobierno ha destinado más de 10.000 millones de euros para reparar estos daños e impulsar la reconstrucción de las infraestructuras afectadas en regiones como Andalucía y Extremadura. Sin embargo, muchas de estas reparaciones no incluyen medidas preventivas para evitar la recurrencia de estos fenómenos, que se espera que sean más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Expertos señalan que la falta de incorporación de evidencia científica en las decisiones lleva al despilfarro presupuestario y a la incapacidad de resolver los problemas a largo plazo, priorizando la reparación sobre la prevención y adaptación. Esta situación se observa en áreas como el litoral, donde los temporales causan graves daños.

Tras las elecciones autonómicas de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) conversaron y acordaron seguir negociando para formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Feijóo reveló que sus equipos se reunirían inmediatamente en Extremadura para avanzar en un acuerdo programático. Esta revelación ocurre después de críticas de Vox hacia Feijóo. A pesar de esto, Feijóo y Abascal han intensificado su comunicación debido a las elecciones autonómicas. Feijóo no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en más de un año. Feijóo insiste en que los votantes de PP y Vox han enviado un mensaje claro a favor de un gobierno de centroderecha.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), y Santiago Abascal, líder de Vox, retomaron las conversaciones tras las elecciones en Castilla y León para avanzar en la formación de gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Según Feijóo, los equipos negociadores se reunirán, especialmente en Extremadura, donde ya se han reunido para trabajar en un acuerdo programático. Feijóo señaló que las conversaciones entre PP y Vox se han intensificado en las últimas semanas, consolidando un canal de comunicación más fluido. En contraste, Feijóo no ha tenido contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde marzo de 2025. Feijóo considera que los resultados electorales implican un mandato para formar gobiernos de centroderecha y advierte que no alcanzar acuerdos defraudaría a los votantes.

Extremadura, España, enfrenta la posibilidad de repetir elecciones debido a la falta de acuerdo para formar gobierno tras las elecciones de hace tres meses. María Guardiola, la presidenta en funciones, no ha logrado el apoyo necesario de la Asamblea extremeña. La situación depende de las negociaciones entre el PP y Vox, y de las concesiones que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, esté dispuesto a hacer. La dificultad para formar gobierno en Extremadura, así como en Aragón y Castilla y León, sirve como indicador de las posibles líneas rojas del PP en futuras negociaciones a nivel nacional con Vox, en caso de que Feijóo necesite su apoyo para ser presidente del gobierno español. El artículo plantea si es preferible ceder a las exigencias de Vox o convocar nuevas elecciones, manteniendo los principios del partido.

El Parlamento español ha aprobado una propuesta que vincula el "terrorismo" con la regularización masiva de inmigrantes indocumentados. La iniciativa, promovida por el Partido Popular, fue presentada en Bruselas y ha sido llevada hasta la comisión mixta de Congreso y Senado de Seguridad Nacional. Con 20 votos a favor y 9 en contra, Vox y los populares han aprobado una ponencia para estudiar "el conjunto del proceso" de regularización. El PSOE, ERC y EH Bildu rechazaron la iniciativa, mientras que Junts y Podemos no acudieron a la sesión. La propuesta anuncia la apertura de ventanillas para recibir solicitudes de permisos de residencia y trabajo de más de medio millón de personas en situación irregular en España.

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional en España ha aprobado una propuesta del Partido Popular (PP) para estudiar los posibles efectos en la seguridad nacional de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. El PP y VOX votaron a favor, mientras que PSOE, ERC y EH Bildu votaron en contra. El PP busca analizar el proceso de regularización y posibles responsabilidades, argumentando riesgos para la seguridad basados en documentos oficiales sobre terrorismo y tráfico de personas. Critican que la política migratoria del gobierno contradice la política migratoria común de la Unión Europea y las advertencias sobre la libre circulación de inmigrantes regularizados en España dentro de la UE. El gobierno español aprobó en enero iniciar el trámite de urgencia para regularizar a más de medio millón de inmigrantes.