Accidente ferroviarioPide al juzgado de
Montoro acceder a los restos del tren siniestrado para buscar los datos, pero la juez lo rechaza por ahoraUn agente de la Polic�a junto a los restos de los trenes siniestrados en
Adamuz el d�a despu�s del accidente.Actualizado Jueves, 9 abril 2026 - 13:30Los t�cnicos de la Comisi�n de Investigaci�n de Accidentes Ferroviarios (CIAF) han abierto el foco de su investigaci�n a los sistemas de seguridad del tren
Alvia que choc� con los vagones descarrilados del
Iryo a la altura de
Adamuz (C�rdoba) el pasado 18 de enero, un siniestro que le cost� la vida a 46 personas mientras que m�s de un centenar quedaron heridas.En concreto, los investigadores de la CIAF quieren investigar c�mo funcion� -si funcion�- el sistema llamado LZB (abreviatura de Linienzugbeeinflussung, en alem�n sistema de conducci�n autom�tica de trenes) con el que van equipados los trenes de alta velocidad y que es un dispositivo de control de los mismos con se�alizaci�n en cabina y supervisi�n continua.Por ahora, seg�n la documentaci�n que forma parte del sumario judicial, no han sido capaces de encontrar datos sobre el comportamiento de este sistema en la caja negra del
Alvia, por lo que han solicitado a la juez
Cristina Pastor que les deje acceder a los restos del tren para buscar esos registros en los registradores del Deuta, otro sistema de seguridad con el que estaba equipado.En un oficio remitido a la Unidad Org�nica de Polic�a Judicial de la
Guardia Civil, los t�cnicos de la CIAF defienden la necesidad de acceder al sistema Deuta para poder determinar con exactitud la orden que emiti� el LZB en lo referente a la activaci�n del frenado de emergencia de este tren, que proced�a de
Madrid y que se dirig�a a
Huelva y en el que falleci� la mayor�a de las v�ctimas mortales.El sistema Deuta, explicaba el oficio de la CIAF, estaba ubicado en el vag�n 1 del
Alvia, por lo que pidieron al juzgado de
Montoro encargado de la instrucci�n judicial el acceso a sus restos, que est�n custodiados en unas instalaciones en
Dos Hermanas, y la ayuda de la
Guardia Civil en esas tareas. Sin embargo, la juez Pastor no ha accedido a la pretensi�n de la CIAF, que no considera pertinente al menos por ahora y mientras no est�n designados los peritos judiciales que tienen que elaborar el informe independiente que la magistrada quiere tener para aclarar lo sucedido en
Adamuz y dilucidar las posibles responsabilidades.No es la �nica negativa de la jueza a la Comisi�n de Investigaci�n de Accidentes Ferroviarios, que tampoco podr�, como quer�a, realizar un reportaje fotogr�fico de lo que queda de los trenes -ya hay un reportaje fotogr�fico en las actuaciones- ni acceder� a las grabaciones y al informe final del despliegue de los servicios de emergencias del 112.Al margen de lo que deparen los registros sobre el sistema de frenado del
Alvia, hay que recordar que la principal hip�tesis con la que trabajan tanto la CIAF como la
Guardia Civil es que el descarrilamiento del
Iryo procedente de M�laga que deriv� en el choque posterior con el
Alvia tuvo su causa �ltima en la rotura de la v�a por la que circulaba el segundo de los trenes -por falta de mantenimiento o por un defecto de soldadura- y que se produjo, seg�n el �ltimo informe del instituto armado, apenas 22 horas antes del siniestro, poniendo de manifiesto hasta cinco negligencias de Adif.El informe remitido el pasado 28 de marzo por la
Guardia Civil a la jueza que instruye el accidente de
Adamuz y sus 46 v�ctimas mortales descarta por completo un fallo humano por parte de los maquinistas o un sabotaje, considera poco probable que lo ocasionaran los trenes que circulaban y se centra en la rotura del carril sin que, con los datos recabados hasta la fecha, sea posible �determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa�. En cualquier caso, a lo largo del documento, los agentes, indican a la juez al menos cinco negligencias que ponen en cuesti�n el papel de prevenci�n de Adif, empresa gestora de la infraestructura de alta velocidad cuyo presidente, Pedro Marco de la Pe�a, acudi� al Congreso a declarar el pasado 23 de marzo, casi una semana antes de la elaboraci�n del informe.